La deuda del Estado con la minoridad infractora

La divulgación de un informe sobre la situación en la Colonia Berro del Iname (donde están recluidos los menores infractores de mayor peligrosidad), informe elaborado por varias ONG, causó profunda conmoción en la sociedad y sigue produciendo efectos a casi una semana de haber tomado estado público merced a denuncia publicada en la LA REPUBLICA. En el documento se detallan tratos inhumanos y prácticas vesánicas de parte de algunos funcionarios, así como las pésimas condiciones de higiene en que viven los menores infractores. La realidad que pinta el documento podría encajar perfectamente bien en el establecimiento de rehabilitación donde es recluido Alex, el protagonista de «La naranja mecánica».

La respuesta de las autoridades ante las denuncias apuntó a relativizar los hechos y a tranquilizar a la opinión pública, señalando que la situación estaba cambiando y que había habido sanciones a los funcionarios que se habían excedido.

Días después, el propio ministro de Educación y Cultura junto a las más altas jerarquías del Iname realizó una visita sorpresa al centro de rehabilitación y si bien no advirtió pruebas de torturas (claro está que los apremios nunca se exhiben públicamente), sí pudo constatar las deplorables condiciones de reclusión que imperan en la Colonia Berro. «Esto es espantoso», fue el comentario del doctor Guzmán al visitar el módulo de máxima seguridad. Luego, en declaraciones a la prensa, resaltó la necesidad de tomar conciencia de que «en ninguna área podemos fabricar marginados». Se supo también que, como consecuencia de la inspección ocular, el titular del MEC –cartera de la que depende el Iname– dispuso la puesta en marcha de reformas edilicias a cargo de arquitectos del ministerio para «remodelar las áreas en que hemos encontrado condiciones que nosotros no queremos ni para nuestros hijos ni para la ciudadanía».

Tales expresiones son suficientes para demostrar la gravedad de la situación que viven los menores recluidos en la Colonia Berro y desvirtúan los esfuerzos de ciertos jerarcas por quitar trascendencia a las denuncias.

Más allá de la decisión ministerial de enfrentar el problema, y de la honradez del doctor Guzmán al reconocer lo inhumano de las condiciones imperantes en ese centro de rehabilitación/reclusión, cabe destacar que esa terrible realidad (que por fortuna se supone que está cambiando o que va a cambiar de acuerdo con los propósitos del ministro) no es un fenómeno aislado ni reciente.

Raras veces en nuestro país, las políticas de Estado para enfrentar el problema de la minoridad infractora fueron las adecuadas. Nunca se contó con los recursos presupuestales suficientes como para desarrollar una estrategia que se propusiera, en serio, rescatar a esos niños y adolescentes del submundo del delito y reeducarlos para hacer de ellos ciudadanos útiles a la sociedad. Muy pocas veces hubo al frente de ese organismo jerarcas con idoneidad para tratar materia tan delicada, pues la norma ha sido llenar los cargos de dirección con el mismo pernicioso criterio de cuota política que se emplea para ocupar cargos de confianza en cualquier empresa pública.

Para estar al frente del Iname y de los institutos que de él dependen es preciso contar con antecedentes y un currículo que acrediten la imprescindible solvencia profesional en la materia para diseñar estrategias correctas y llevarlas adelante con inteligencia, con vocación y con ganas de que las cosas cambien. *