Enérgica acción civil contra la impunidad

Dando una nueva evidencia de hasta qué punto la cuestión de la impunidad es vista en los términos que la han definido las fuerzas progresistas en su reciente Congreso Extraordinario («un obstáculo para el desarrollo de la democracia»), la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT ha propiciado en el día de ayer dos acciones de la mayor importancia para las instituciones de la democracia uruguaya.

Efectivamente, en horas de la mañana, en el recinto parlamentario, fue presentado ante la prensa y el público el Informe Geoarqueológico del Batallón de Infantería blindada Nº 13, la tristemente célebre unidad militar ubicada en la Avenida de las Instrucciones.

El equipo integrado por el ingeniero agrónomo Daniel Panario, la licenciada geógrafa Ofelia Gutiérrez, la licenciada antropóloga Elizabeth Ortega y el antropólogo del Instituto Técnico Forense del Poder Judicial, doctor Horacio Solla mostró en su trabajo hasta qué punto es posible avanzar en hipótesis de investigación sin siquiera haber ingresado al predio sospechoso nada menos que de constituir un cementerio estatal clandestino para detenidos desaparecidos.

El citado informe fue preparado por estos cuatro destacados universitarios que actuaron durante varios meses con el apoyo de los archivos no clasificados de la información aerofotogramétrica de la Intendencia Municipal de Montevideo y los elementos técnicos y teóricos que les proporciona la calidad de su formación universitaria.

La segunda acción con relación al punto consiste, en horas de la tarde, en gestiones ante las autoridades judiciales sobre la base de la información contenida en las veinte páginas del Informe: un representante de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT, el señor Raúl Olivera, denunciante en la causa contra Juan Carlos Blanco, solicitará ante el magistrado en lo Penal de 1er. Turno una serie de diligencias probatorias, medidas cautelares y procesamiento de otros denunciados en el episodio de secuestro y desaparición de Elena Quinteros.

Tal como se señala en el escrito, la investigación del paradero de la víctima, Maestra Elena Quinteros, integra el objeto del proceso penal contra Blanco.

Además de solicitar la ratificación de los testimonios realizados durante la actuación del magistrado Alejandro Recarey, los oficios relativos a la llamada «Operación Zanahoria», señalan la necesidad de citar y solicitar ampliación de sus declaraciones a los integrantes de la Comisión para la Paz para la identificación exacta de las personas que han asegurado la muerte de la detenida desaparecida.

En su gestión el PIT-CNT subraya la importancia del Informe Geoarqueológico presentado, señalando la necesidad de crear un equipo multidisciplinario que realice una investigación análoga.

Dado que se ha hecho mención en los testimonios al posible enterramiento de los restos de Elena Quinteros en el predio ocupado por el Regimiento 14 de Toledo, se solicita que tal equipo multidisciplinario también realice una investigación de campo en la citada unidad militar.

En ese sentido se establece la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia ordene al Ministerio de Defensa Nacional una acción cautelar destinada a encontrar el lugar conocido como Arlington, que según declaraciones del señor Carlos Ramela (Comisión para la Paz), sería otra suerte de cementerio clandestino.

El escrito presentado ante la sede penal incluye finalmente el pedido de analizar la responsabilidad penal de otros funcionarios de la dictadura que han sido denunciados a propósito de la desaparición de Elena Quinteros: el señor Alvaro Alvarez, director de Política Exterior de la Cancillería, que fue quien, según sus propias declaraciones, preparó el memorándum que establecía la hipótesis de la devolución o no de la maestra secuestrada.

Este pedido de análisis de la responsabilidad penal se hace extensivo a otros dos jerarcas de actuación prominente en el episodio: Julio César Lupinacci y Guido Michelin Salomón.

Una vez más, el episodio estará en la órbita de competencia de las autoridades debidas, las del Poder Judicial. *