El reportaje a Gestoso y un documento del Pentágono

En el suplemento «Qué pasa» del diario El País del sábado 12 se inserta una entrevista a nuestro compatriota Jorge Gestoso, durante 16 años la cara visible del noticiero de CNN en español, luego degradado a corresponsal en Washington, renunciante desde hace unos días y ahora dedicado a crear su propia productora televisiva. El reporteado dice que «el periodismo de EEUU me ha desilusionado grandemente» y que en los temas espinosos, cuando se trata de controvertir las posiciones del gobierno, es «un cuarto poder de cuarta».

Todo cambió, a su juicio, después del 11 de setiembre 2001. Antes la prensa era abierta y crítica para tratar los temas internos. Después el gobierno mezcló a la prensa con su concepción del patriotismo: quien no marcara el paso era fulminado con el anatema de antipatriota. Cita el caso de un periodista crítico de las invasiones a Afganistán e Irak que debió publicar sus notas en Le Figaro de París (nada menos). Otra periodista de CNN se animó a decir al aire que ciertas cadenas, entre ellas la suya, fueron intimidadas por el gobierno, y de inmediato salió a retrucarle en persona el presidente del llamado News Group, que vigila el conjunto de los programas noticiosos del canal. Esta historia inquisitorial, de censura interna, nos hizo recordar los análisis publicados hace ya décadas por Gregorio Selser, documentando la existencia de «gatekeepers» (o guardianes de puerta) que velaban en los consorcios noticiosos para que nadie se apartara un milímetro de la línea prefijada desde arriba.

Es notorio que en las cadenas norteamericanas las víctimas civiles iraquíes no aparecen (las afganas y palestinas tampoco). Nunca se trasmitieron imágenes de soldados de EEUU muertos. Las instrucciones se cumplen al pie de la letra. Pero lo que resulta revelador en grado máximo es lo referente a la difusión sobre las torturas. Dice Gestoso: «Lo que practicaron en Irak, de acuerdo a lo que dice la Convención de Naciones Unidas sobre la tortura, a lo que han publicado el New York Times y el Washington Post, a los informes de Cruz Roja Internacional, tiene un solo nombre: torturas. Pero cuando le preguntaron a Rumsfeld, dijo: yo no usaría la palabra tortura. Y la prensa se plegó a ese razonamiento. Pero, ¿por qué no llamar tortura a la tortura? Yo en todos mis reportes sobre este asunto usé sistemáticamente y sin ningún tipo de duda la palabra tortura, pero se me pidió que atribuyera a quien citaba para llamar tortura a esas prácticas. O sea, CNN no decía que EEUU había cometido torturas en la prisión de Abu Ghraib. CNN decía que según la Cruz Roja se cometieron torturas. Dentro de mi deber como periodista, yo le reporté al público que allí se habían cometido torturas. Pero no lo dije como portavoz de la empresa. La empresa me pidió que citara a terceras personas para que usara la palabra tortura».

La consecuencia de todo el episodio es que quedó fuera de la empresa.

Esto se vincula a un memorándum secreto del Pentágono que justifica el uso de la tortura, viabilizado por Rumsfeld el 6 de marzo de 2003, previo a la invasión a Irak. Este documento está avalado también por el Departamento de Justicia, pero John Ashcroft lo ocultó al Congreso, y cuando The Wall Street Journal del 7 de junio publicó fragmentos del mismo, se negó a entregarlo a los senadores (véase el final de nuestra nota del 10 de junio «La resolución del Consejo de Seguridad sobre Irak»). La tesis del documento, referido inicialmente a los presos afganos (y de otras nacionalidades) en Guantánamo, es que el presidente de EEUU tiene potestades para autorizar el uso de las torturas a los presos («de un nivel de intensidad tan elevado que impidan al sujeto soportarlas», dice el documento), más allá de todos los instrumentos jurídicos y de las convenciones internacionales en la materia. Este es precisamente el criterio que se siguió con los presos de Abu Ghraib, por más que ahora Rumsfeld y Ashcroft se empeñen en hacer recaer todas las culpas en un puñado de chivos expiatorios, dejando en pie todo el sistema y en la impunidad a los responsables de alto rango. Más aun, esos documentos le niegan incluso al Congreso la potestad de investigar los aspectos vinculados a la tortura.

En suma, tenemos en EEUU una prensa (salvo honrosas excepciones) servilizada por la presión del gobierno, el mismo gobierno que se agencia una luz verde para las torturas más aberrantes y los crímenes de Estado. *