Vergonzosa omisión del gobierno

Las respuestas del sistema frente al problema de los menores infractores han sido –desde larga data, desgraciadamente– inoperantes cuando no francamente contraproducentes.

La delincuencia juvenil (los infanto-juveniles, como se los llamaba antes) es un problema que el Estado ha dejado en manos de la Justicia de Menores y del Iname, el ex Consejo del Niño. Desde luego que lo exiguo de los presupuestos destinados a atender un problema tan delicado (y actualmente en aumento por razones obvias) nunca permitió encararlo como corresponde. Siempre se supo que las condiciones de reclusión de los menores, el trato recibido por los guardianes y las medidas para recuperarlos nunca fueron óptimos, pues por lo general prevaleció la solución represiva por encima de las medidas tendientes a la reeducación y a la reinserción.

Ayer LA REPUBLICA divulgó parte de un documento elaborado por diversas ONG sobre la situación en la Colonia Berro del Iname, y la realidad allí descrita es francamente aterradora. No reiteraremos detalles pues la información brindada es suficientemente elocuente, pero recordaremos que testimonios varios coinciden en señalar la existencia de prácticas de tortura contra los menores internados, así como tráfico y consumo de drogas.

Si la sociedad toda se ve conmocionada por las condiciones de reclusión en los establecimientos penitenciarios, no menos conmovedor resulta comprobar la situación que se vive en ciertas dependencias del Iname. En todos los casos parece haberse invertido el enunciado constitucional consagrado en el artículo 26 de la Carta, según el cual los establecimiento de reclusión jamás servirán para mortificar y sí sólo para asegurar la profilaxis del delito y la reeducación de los recluidos.

Las pésimas condiciones de higiene, la corrupción, los malos tratos y otras prácticas aberrantes van en sentido exactamente opuesto a la rehabilitación del infractor. Y especialmente en momentos en que se vive una profunda crisis, cuando cunde el desempleo y los salarios están sumergidos, cuando el sistema es incapaz de ofrecer a los jóvenes horizontes creíbles de realización personal y de inserción social, un gobierno medianamente responsable debería atender muy seriamente el problema de la minoridad infractora. Están en juego el futuro de esos menores, su posibilidad de convivir respetando las normas y la seguridad de todos los ciudadanos.

¿Qué puede razonablemente esperarse de un sistema que se basa fundamentalmente en la represión y en el castigo físico y psicológico de los internados, exacerbando su odio y su marginación? ¿Cómo se logrará la rehabilitación de un menor delincuente en las condiciones denunciadas?

Es este otro grave problema que deberá enfrentarse con sensatez y con voluntad de resolverlo. Mientras ello no ocurra, los centros de reclusión seguirán siendo la usina generadora o multiplicadora de marginación y delincuencia. *