Llamada de urgencia
Después de tan estériles como agotadoras horas de sesión, el Parlamento acaba de aprobar la llamada «Ley de Urgencia».
Lo primero que habría que comentar es el procedimiento utilizado, reñido con los más elementales criterios democráticos.
En efecto, con el propósito confeso de que el proyecto no volviera al Senado, la coalición gobernante se cerró a cal y canto, con la actitud deliberada de no atender ninguna razón ni argumento, ni propuestas de aditivos o sustitutivos, ni modificaciones a desprolijidades tan evidentes, que ellos mismos reconocieron como tales. Pero no hubo caso. Mitificaron a tal grado «su urgencia», que hicieron primar el más crudo fundamentalismo metodológico: las inamovibles «manos de yeso».
¿Sería demasiado aventurado pensar que la distribución de cargos pendientes en los entes y otras reparticiones actuó como uno de los activadores realmente urgentes de tales procedimientos?
Si fuera así, tal vez esta haya sido la «Primera Prueba», la segunda y decisiva se ve venir: El Presupuesto Nacional.
Todo esto dicho sin menospreciar la cuota parte de intencionalidades y contenidos políticos de la Ley recién aprobada. Una cosa no quita necesariamente la otra, por lo que es preciso desmenuzar, aunque sea sumariamente, una norma que contiene desde el juego de la «mosqueta» hasta la vía libre para un nuevo avance privatizador en sectores estratégicos del Estado y la Nación.
Eso sí, sin dejar de mencionar que lo más importante de esta ley es la ausencia de aquellas cosas que el país y su gente reclama cada vez con mas insitencia: reactivacion productiva, trabajo y justicia social. Esta es la llamada de urgencia.
Lo que votamos
Aunque consideramos absolutamente insuficientes e indiscriminadas las rebajas impositivas para el agro, las acompañamos.
Asimismo la reducción de aportes jubilatorios como estímulo a la inversión y el empleo, no obstante su dudosa efectividad.
Votamos algunos paliativos sobre pequeñas y medianas empresas, acompañadas por normas sobre defensa de su competencia en el mercado.
Asimismo sobre escalafón policial y seguridad ciudadana, aumentando por diversas vías el personal dedicado a tareas ejecutivas.
Destacamos estas cosas sin desmerecer otras, pero es importante señalar que, no obstante la «parodia» de debate parlamentario, actuamos con responsabilidad, aunque nos quede la duda de cómo se habrían comportado nuestros adversarios políticos si hubieran estado en lugar nuestro.
Lo que no votamos
Destacamos tres aspectos:
1) El avance privatizador en áreas estratégicas. Aquí se incluye la conformación de una empresa mixta en el Puerto de Montevideo, donde, aunque parezca increíble, será el Poder Ejecutivo al reglamentar la Ley el que deje explicitado lo que implícitamente contiene la Ley: el Estado será minoría en el futuro directorio de tal empresa, tendrá la minoría del paquete accionario y abrirá las puertas a un monopolio privado, toda vez que las empresas que compitieron en la cuestionada licitación, se han puesto de acuerdo. Todo cierra, incluyendo la insólita adquisición por parte de la ANP de una grúa pórtico por millones de dólares para mejor usufructo de los «socios» privados. Aunque Ud. no lo crea. En AFE se habilita al Poder Ejecutivo a autorizar la utilización de las vías férreas por parte de empresas que abonen un peaje, dejando a cargo del Ente Estatal lo más costoso: el mantenimiento de la red vial, ofreciendo a las empresas privadas lo más lucrativo: el transporte de cargas y eventualmente de pasajeros. Con respecto a UTE y el alumbrado público, si se llevara a cabo lo que dispone la norma, ¡el usuario podría llegar a pagar la tarifa por partida doble!
Desde nuestro punto de vista el motivo real de esta norma disparatada sólo se explica por tener un destinatario real en la óptica del gobierno de coalición: la Intendencia Municipal de Montevideo.
En lo que tiene que ver con Conaprole, el abandono por parte del Estado Directorio de la empresa y el mantenimiento de normas para la elección de dicho Directorio ubicadas en las antípodas de la representación proporcional, no creemos que sean ajenas a facilitar nuevos embates de grandes especuladores internacionales que siguen rondando la codiciada presa: una Empresa Nacional emblemática para defender lo que nos va quedando de Industria Nacional.
2) La norma que favorece la venta de la tierra a través de acciones al portador, es decir, sin que los nuevos dueños queden identificados.
Los comentarios corren por cuenta de la sensibilidad de los lectores.
3) Reforma al Código Penal: la pena para un hurto será mayor que la de un homicidio simple. Como dijera un legislador: una gallina valdrá más que una vida humana.
Aparte de que en ningún lugar del mundo se ha podido disminuir el delito aumentando las penas, nadie puede explicar qué cómodas y rehabilitadoras cárceles serán destinadas a los nuevos presos.
Lo que no votaron
Sintéticamente, propuestas sobre: Fuero Sindical, extensión de Asignaciones Familiares, respaldo Estatal a la Junta Nacional de Empleo, disminución del IRP, Seguro de Desempleo para trabajadores rurales, cuota mutual para Docentes y no Docentes de ANEP., suspensión de ejecuciones en el Agro, etc.
Todo esto también es una Llamada de Urgencia
PD.: En próxima nota opinaremos sobre el «qué hacer» desde el amplio espectro opositor.
* Diputado del EP-FA.
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