Caso Arbilla: otros ámbitos y otras voces

Parecen haberse agotado ya los primeros tramos del asunto en los que predominó la pirotecnia publicitaria en lugar del conocimiento público y verdadero de los problemas.

Así para la población las denuncias contra Arbilla y las causas de la destitución del inspector Roberto Rivero de su cargo de Director Nacional de Policía, se han ido aclarando en algunos puntos.

Después de la fulminante acción inicial sobre la opinión pública, en la que a Arbilla, como mimado del poder, no le faltaron cuantiosos apoyos televisivos, la aparición de otras opiniones y otros datos han ido perfilando de una manera distinta lo que en principio se pretendió caratular «como la defensa de un periodista ante los atropellos del terrorismo de Estado».

En su jadeante y descomedido desfile por los medios, el director de Búsqueda llegó, como lo señala la última edición de Brecha, a imponerle a una periodista de televisión que no se aceptara la salida al aire de María Urruzola, que desmentía alguna de las afirmaciones de Arbilla contra el semanario. De lo contrario el «democrático» periodista amenazó con retirarse del programa.

Como era de prever, el documento de 18 páginas elevado a la sede judicial de Maldonado por el inspector Rivero, publicado íntegramente por LA REPUBLICA, puso en marcha los dispositivos judiciales y son precisamente los funcionarios de ese ámbito quienes son ahora «los dueños» de las actuaciones, en particular el fiscal Rodríguez del departamento de Maldonado.

Será en ese ámbito donde se determinará la naturaleza de las líneas de indagación propuestas por Roberto Rivero, propuestas que según se ha pretendido incurrieron en el «desborde» de pretender investigar las condiciones de compra y venta de propiedades, algunas de las cuales estaba en manos de un «intocable» del régimen.

Será también en ese campo que se determinará si –como se ha denunciado estridentemente– Rivero formó parte de un complot en el que militaban también Urruzola, Fasano, Flores Silva y Eleuterio Fernández Huidobro.

También como era de esperar, las autoridades que desde otros países están empeñadas en la lucha contra el lavado y con las cuales existen convenios internacionales que Uruguay ha suscrito, empiezan a hacer conocer sus puntos de vista sobre el fondo de la cuestión.

Ayer mismo, Juan Miguel Ponce fiscal y miembro de Interpol mexicana, al tiempo que informó que ningún uruguayo está siendo investigado por este caso de lavado, advirtió sobre los métodos de «los secuaces del Cártel de Juárez que operan desde Argentina», elogió la rápida respuesta dada por la policía uruguaya (con Roberto Rivero al frente) y pidió la confiscación de los inmuebles adquiridos por los narcotraficantes.

Finalmente vale la pena considerar algunos de los fundamentos esgrimidos por los legisladores oficialistas para oponerse a designar una comisión investigadora sobre todo el episodio desarrollado en el Ministerio del Interior.

En ese terreno, resultan preocupantes las declaraciones del senador Alejandro Atchugarry, normalmente un hombre que fundamenta con coherencia sus posiciones políticas.

Atchugarry sostuvo ayer que «aprobar la investigadora es una señal negativa en el entendido que el tema ya tuvo repercusiones económicas y los bancos argentinos están aprovechando estas circunstancias para atraer depósitos hacia su país.»

Creemos más bien que los males para el país no provienen ni de una comisión investigadora parlamentaria, ni de las investigaciones policiales realizadas por los expertos en materia de lucha contra la droga. Mal al país le hacen los que, por craso interés u omisión, facilitan la labor de todas las formas de blanqueo de activos que se realizan en el país.Y de esos especuladores y aprovechados el país no puede quedar de rehén.