El BPS y los trabajadores encadenados

Varias veces hemos señalado que la dirigencia política gobernante toma a los organismos del Estado, incluidas las empresas públicas o los Entes Autónomos, como elementos apropiados para adjudicar premios consuelo a frustrados aspirantes a intendentes, diputados, senadores o ministros que no tuvieron el apoyo de la gente o que fueron postergados por otros más «pesados» en el momento de recibir el favor de los «patrones» del sector a que pertenecen.

Ello sucede históricamente después de cada elección y lo negativo que tiene es que la designación de jerarcas de la administración no responde a ninguna cualidad demostrada para el cargo, sino que obedece pura y exclusivamente a la contemplación de la cuota política. Es así que la administración es luego juzgada por sus costos, la cantidad de funcionarios y su ineficiencia para resolver los problemas de la gente, cuestiones que el gobierno difunde como autoprotección, a sabiendas de que el gran problema radica en que quienes dirigen generalmente esos organismos, llegan a cargos de decisión sin saber muchas veces de qué se trata lo que tienen entre manos.

Estos días la prensa ha divulgado la noticia y las imágenes de un trabajador que, enfermo, se encadenó en una plaza de la ciudad de Mercedes, protestando por la negativa del Banco de Previsión Social a otorgarle una jubilación anticipada. Los fundamentos esgrimidos por las jerarquías del organismo previsional señalan que la afección que sufre el trabajador es un 9 % menor a lo que marcan los límites mínimos para otorgarle la jubilación solicitada. Parece una cosa de locos, pero es así. El trabajador afectado debería dejar que se agrave la patología que sufre en un 9 % o más, para que el sistema lo considere dentro de los derechos que las normas legales han previsto, en este caso un decreto del Poder Ejecutivo.

Es este un caso más de los miles que se suceden en el país y que toma trascendencia por su difusión y por la actitud del trabajador, pero hay trabajadores que han fallecido y el BPS no les ha otorgado ningún amparo por el mismo motivo que se plantea en esta ocasión. Y en esto hay una historia que tiene su origen en los hechos que narramos al comienzo de la nota: la incapacidad, la inconsciencia y la indiferencia de los directores políticos designados por el Poder Ejecutivo en los últimos diez o quince años, para que rijan la administración del sistema de seguridad social desde el BPS.

Es así que, promovido por uno de estos directorios que mencionamos, ya con la presidencia del Técnico Agropecuario Carlos Enrique Gasparri Irrazábal y desde luego con la Gerencia General de Myra Selva Tebot Gastañaga de Sanguinetti Sáenz, el 24 de diciembre de 1998 el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 381/98, que comprende un Baremo (conjunto de normas para la valoración de la incapacidad). El citado Baremo fue elaborado en el propio BPS, con la participación de la Gerencia de Medicina Laboral del organismo y médicos de la AFAP que componen la junta médica que define la valoración de la incapacidad. Recordamos el encabezamiento de un informe sobre el Baremo en que la Gerencia de Medicina Laboral del BPS, fundamentando su conclusión expresaba: «Que una persona se encuentre enferma, no significa que no pueda trabajar». Estimamos que quien así piensa y se expresa, nunca podría ser médico y menos desempeñar el cargo a que aludíamos en el organismo. Si bien existen situaciones en que alguien sufra una dolencia leve y aun así pueda desempeñar alguna actividad, es aberrante tomar como principio por parte de un médico que un enfermo puede trabajar.

Pero estas cosas suceden en el BPS cuando la Gerencia General, con el aval de la mayoría compuesta por los cuatro directores políticos, ordena hacer determinadas cosas reñidas totalmente con los fundamentos de la creación de un sistema de seguridad social, para las que siempre se encuentran complicidades. Hoy el Baremo antedicho ha sido modificado. El resultado de la vigencia del decreto anterior ha sido en algunos casos siniestra para muchos trabajadores, aunque se cumplieran los deseos de la Gerencia General. Desde el 22 de mayo de 2003 rige una nueva norma, pero ello y como queda demostrado con la situación del trabajador de Mercedes, no contempla la situación de quienes, según el matemático criterio técnico de la junta médica del BPS, con 20 o 30 años de trabajo, deben quedar desamparados junto a su familia porque quienes tienen la responsabilidad de regir el sistema de seguridad social detentan su cargo sin que nadie les exija capacidad, conocimientos, sentido común o simplemente responsabilidad. *