Sobre lo público y lo privado

El trabajo periodístico tiene por objeto informar y opinar sobre la realidad. Es de interés público y social que se desarrolle con plena libertad y ofrezca al ciudadano la mayor cantidad de elementos para la comprensión de la realidad. Pero esa libertad de opinión e información no es absoluta. La tan mentada frase de que el derecho de cada uno termina cuando empieza el derecho de los demás tiene total vigencia en la materia. Los elementos personales que constituyen el fuero íntimo de cada persona deben ser respetados, y ante esa frontera la labor de la prensa debe detenerse; al igual que debe detenerse cuando se cae en el infundio o la atribución de conductas descalificantes por mera especulación periodística.

Este límite se ha visto rebasado a raíz de unas desafortunadas y maliciosas afirmaciones realizadas en un programa televisivo donde, gratuitamente y supuestamente en tono de broma, se expuso al escarnio público a un símbolo de la cultura nacional como lo es «China» Zorrilla y a la periodista Sonia Breccia. El episodio ha merecido la reprobación casi unánime de todos los sectores de nuestra sociedad, condena a la que nos sumamos. Pero más allá del hecho en sí, creemos que el mismo debe merecer una reflexión sobre el fondo del asunto, que es –a mi juicio– la controversia entre lo público y lo privado, entre la obligación de informar y el derecho a la privacidad. Todo ciudadano, cualquiera sea su actividad, por más importante que sea su cargo o por más notoriedad que obtenga en cualquier ámbito de la sociedad, tiene derecho a conservar su vida privada en el fuero íntimo, salvo en áreas donde la sociedad ha decidido lo contrario (la violencia doméstica como ejemplo). Cruzar esos límites es caer en el peor periodismo, en el escandaloso, en el amarillismo descarado, es dañar la convivencia y los derechos básicos del ciudadano. Es abusar del poder ya muy grande de los medios de comunicación masiva, causando daños casi siempre irreparables. Porque una vez que se lanza una versión difamatoria, el acusado queda expuesto al «linchamiento» sumario del colectivo social sin mayores posibilidades de defensa. Queda atornillado al banquillo de los acusados sin que ningún derecho de respuesta, absolución judicial o desmentido público pueda borrar del imaginario colectivo la sospecha instalada. No hay trayectoria, por larga e inmaculada que sea, que supere sin traumas una campaña de agravios y descalificaciones desde los medios de comunicación masiva. Una cosa es la crítica, la discrepancia expresada con agudeza y convicción. Otra cosa es el infundio y la intromisión en la conducta privada de las personas.

Vemos saludable la firme reacción condenatoria de la sociedad ante este tipo de prácticas. Si ese estilo periodístico prospera y se difunde, la indefensión del ciudadano –cualquiera sea su condición– ante el poder mediático será total. Es responsabilidad de todos combatir esas prácticas de periodismo abusivo, irrespetuoso de las personas y de sus derechos. *