El agua y la inversión privada

Junto con la elección de autoridades nacionales que se realizará en octubre, los ciudadanos deberán decidir sobre otro asunto nada menor. Deberán resolver si el suministro de agua potable a la población y los recursos hídricos en general serán patrimonio del Estado y no podrán por tanto ser explotados por particulares o, por el contrario, quedarán librados a los caprichos del mercado y a la gula de las empresas privadas.

Esta última opción es una de las sugerencias-exigencias del FMI, que recomienda la apertura a la inversión privada en servicios de agua potable y saneamiento, lo que permitiría que empresas multinacionales explotaran nuestros recursos sin intervención ni control estatal.

A nadie escapa lo peligroso que puede llegar a ser dejar en manos de particulares un recurso como el agua potable; un recurso no ilimitado ni inagotable de importancia absolutamente vital en sentido estricto. Después de conocida la carta intención del FMI de junio de 2002  en la que se recomienda la apertura del recurso y del saneamiento a la inversión privada  empezó a funcionar una Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida que logró reunir la cantidad de firmas necesaria para que los ciudadanos se pronuncien sobre la incorporación a la Constitución de una disposición que impida la explotación del agua por privados.

Una propuesta tan sabia y acertada no concitó, empero, la adhesión unánime del espectro político como era dable suponer: la iniciativa no cuenta con el apoyo del coloradismo ni del Herrerismo. Pero desde otros ámbitos (empresariales y de prensa) empiezan a levantarse voces condenatorias de la propuesta que han lanzado la alarma advirtiendo  cuándo no  que la misma es capaz de ahuyentar a los inversores.

El doctor Delpiazzo  ex ministro de Salud Pública del gobierno de Lacalle  advierte que la disposición a plebiscitarse impediría constituir sociedades de economía mixta para la prestación de servicios de agua potable y saneamiento; asimismo, no se podrían conceder esos servicios a terceros; y por último, entiende que se abre la posibilidad de que el Estado se enfrente a reclamos de eventuales afectados por la disposición.

Una vez más, las fuerzas conservadoras unen sus voces en un coro de alarma y de inquietud no bien otean en el horizonte alguna traba a su insaciable afán de lucro. *