Los que arruinaron al país

En Uruguay se han acentuado el hambre y las desigualdades sociales, el analfabetismo y la reaparición de enfermedades propias de la miseria, la falta de vivienda y los asentamientos irregulares, la violencia urbana y doméstica y el número de presos. Es decir se ha destruido al Uruguay tradicional, al país cuyas características enorgullecían a intelectuales, políticos y diplomáticos nativos y asombraban favorablemente a los visitantes extranjeros, durante bastante más de medio siglo, entre por los menos 1905 a 1965.

Reflexionando sobre las características de ese Uruguay, un gran maestro y jurista uruguayo, de bien ganado prestigio académico, Justino Jiménez de Aréchaga, realizó en 1949 un trabajo monográfico para la Revista de Derecho, Jurisprudencia y Administración que dirigía, por entonces otro jurista renombrado, Eduardo J. Couture.

El folleto se titulaba «Panorama Institucional del Uruguay a mediados del siglo XX». Según una reedición de «La Constitución Nacional», de Jiménez, editada recientemente por la Cámara de Senadores en el folleto de Aréchaga sostiene «la organización institucional de nuestro país, pese a su perfectibilidad, hace de él un Estado excepcional a la vez que una de las democracias más perfectas del mundo»… (esto reposa en cuatro fundamentos) «1º un modo singularmente amplio de entender la igualdad entre los hombres; 2º un modo igualmente amplio de entender la libertad, 3º el efectivo poder político del pueblo, y 4º la contención de la autoridad pública».

La jerarquía que el constitucionalista le otorga al valor de la igualdad está reforzada en otras múltiples referencias a lo largo de sus cursos.

Cuando desarrolla su concepto de igualdad, Jiménez  ese gran referente doctrinario de los juristas uruguayos durante decenios  sostiene: «(…) Pero el sistema democrático de gobierno y la filosofía política sobre la cual reposa el sistema democrático, no impiden el reconocimiento de ciertas desigualdades de segundo grado entre los hombres. Más, la filosofía democrática exige que el Estado reconozca la existencia de ciertas desigualdades y busque reestablecer la igualdad efectiva entre los individuos mediante un tratamiento desigual. Así como es perfectamente congruente con el ideario democrático que el Estado, al intervenir en las relaciones entre patrones y obreros, no establezca un tratamiento igual para unos y otros, sino un tratamiento diferencial que tienda a reestablecer la igualdad de oportunidades para unos y otros, quebrada por la influencia de factores económicos» (La Constitución Nacional, página 367, ed. citada).

Apenas unos años después de compuestas estas líneas y mientras aún en la Facultad de Derecho la palabra de Jiménez de Aréchaga era considerada la mayor autoridad en materia constitucional, ya habían empezado a socavarse las bases de los cuatro pilares enunciados por el jurista.

Y el primer ataque, el más sostenido y solapado, fue el ataque a la igualdad. Seguido de la mano del ataque a la libertad.

Durante la dictadura esta dicotomía alcanzó su apogeo. Como ha dicho Alicia Migdal, la desigualdad fue elegida como estrategia, la desigualdad era el propósito perseguido por los economistas del régimen, muchos de los cuales (como Alejandro Végh Villegas) siguieron siendo economistas del régimen ya con la restauración democrática.

El proceso, entre los sesenta y el hambre de hoy, fue largo y sinuoso. Las resistencias de los sectores afectados, que iban más allá de los asalariados alcanzando también a buena parte de los empresarios cuya producción se destina al mercado interno, enlentecieron el curso del retroceso social.

Pero en los últimos años, especialmente durante el último gobierno de Batlle con apoyo blanco y colorado, la situación de desigualdad social llegó a la situación extrema por la que se desliza al abismo hoy la sociedad uruguaya. *