La corrupción de ONU financió el terrorismo de Saddam

Luego de analizar documentos reservados y públicos, versiones de funcionarios de Naciones Unidas, actuaciones dentro del organismo internacional, no quedan dudas de que se cometió un multimillonario fraude en el manejo del programa «Petróleo por Alimentos», que funcionó en Irak desde 1996 hasta la guerra del año pasado, sin lugar a dudas el fraude más grande en la historia de las Naciones Unidas.

Todo esto, en su conjunto, hace sacar conclusiones muy sospechosas sobre la actitud de Naciones Unidas en el seguimiento de dicho programa y su complicidad en la financiación del terrorismo internacional liderado por Saddam Hussein, así como la actuación del secretario general Kofi Annan (que fue el primer administrador de este programa antes de ser secretario general) y de personalidades que figuran en la lista de presuntos beneficiarios del fraude dentro de los que se encuentra uno de los funcionarios de mayor confianza de Annan, Benon Sevan, director del programa de Petróleo por Alimentos.

Desde diciembre de 1996, en que se puso en marcha, hasta noviembre de 2003, en que llegó a su fin, el programa sirvió como fuente de recursos para aproximadamente el 60 por ciento de los 27 millones de iraquíes, pero se estima que, pese a los controles que realizaba ONU, millones de barriles de crudo fueron a parar a manos de contratistas que jamás entregaron cargamentos o que enviaron víveres en mal estado.

Un informe de setenta páginas, de la Coalición para la Justicia Internacional, una organización que promueve la creación de tribunales internacionales para juzgar delitos contra la humanidad, explica los métodos utilizados por el régimen iraquí para defraudar a la ONU.

Dicho informe, que contiene acusaciones gravísimas contra las Naciones Unidas por su sospechosa tolerancia y complicidad con Saddam Hussein, señala que ONU aceptó que Irak impusiera un «impuesto» adicional de entre 55 y 75 centavos de dólar por cada barril de petróleo exportado bajo el programa «Petróleo por Alimentos».

Oficialmente, el régimen de Saddam argumentó que los ingresos obtenidos por este «impuesto» se destinarían a sufragar los elevados gastos de producción del petróleo y la compra de repuestos para la maquinaria averiada, pero en realidad, con ese «impuesto», Hussein con la complicidad y el silencio de ONU financiaba el terrorismo internacional y gran parte de ese «impuesto», aceptado por ONU, se destinó a la compra de armas para mantener las bases terroristas y equipar a los grupos terroristas que, entre otros, perpetraron los atentados del 11 de setiembre en Estados Unidos y del 11 de marzo en Madrid.

Irak empezó ingresando unos 450 millones de dólares anuales por esta vía, aunque las rentas fueron ascendiendo a medida que se incrementaba su producción petrolífera y en 2002 pudo llegar a obtener unos ingresos cercanos a los 2.500 millones de dólares anuales, todo ello con el silencio cómplice de Naciones Unidas, de los países beneficiados por las «regalías» del petróleo iraquí y los altos funcionarios de ONU involucrados en la maniobra delictiva y terrorista más importante desde la fundación de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas también aceptó que Hussein pudiera decidir qué compañías eran agraciadas con los lucrativos contratos para exportar su petróleo o para importar alimentos u otros bienes humanitarios. De este modo, las principales beneficiarias del programa «Petróleo por Alimentos» fueron compañías de los países que, junto a Kofi Annan, protegieron al régimen de Saddam en el Consejo de Seguridad de la ONU, nuevamente la corrupción de ONU permitió que Saddam Hussein administrara el programa «Petróleo por Alimentos».

En un principio, todos los contratos del programa «Petróleo por Alimentos» eran supervisados y aprobados por un Comité de Sanciones creado a tal efecto por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las reuniones del Comité de Sanciones siempre se celebraron a puertas cerradas y sus funcionarios aprobaron casi todas las solicitudes de importación presentadas por Saddam Hussein, algunas de «doble uso», es decir, de carácter civil aunque con posibles aplicaciones militares.

Irak decidía el precio de venta de su petróleo y el Comité se limitaba a ratificarlo. Al principio de la puesta en marcha del programa «Petróleo por Alimentos», tres funcionarios supervisaban la producción y el precio para que se mantuvieran dentro de los márgenes del mercado, pero al final sólo se ocupaba de esta misión un empleado ruso, lo que suscitó innumerables sospechas de manipulación y pago de comisiones ilegales, teniendo en cuenta que Rusia, sus funcionarios y sus empresas eran las más beneficiadas con este fraude.

Irak también vendía ilegalmente su petróleo al margen del programa «Petróleo por Alimentos». Había hasta nueve rutas diferentes para sacar petróleo de Irak pese a los «controles» de la ONU, que nada hacía por impedirlo, lo que le reportó a Saddam y a sus cómplices de ONU y empresarios privados, decenas de millones de dólares.

El «Kofigate» ya está en marcha, sus omisiones y complicidades con los sobornos, ventas ilegales, fraudes con los alimentos y la financiación al terrorismo internacional, deberán ser investigados y juzgados de acuerdo a una resolución del Consejo de Seguridad de ONU que autoriza la investigación sobre corrupción en el programa humanitario en Irak «Petróleo por Alimentos».

Luego de esto ¿tiene autoridad moral Naciones Unidas para ingresar en Irak el 30 de junio? ¿O serán los grandes centros de corrupción de ONU, mencionados, que harán que ingrese por encima de todos estos fraudes para continuar beneficiándose de su producido?

Uruguay debería reclamar firmemente ante ONU, en la próxima Asamblea General, el resultado de las investigaciones de este complot internacional de Naciones Unidas y exigir las sanciones que correspondan. *