¿Tropas uruguayas para Haití?

Resulta completamente acertada la actitud asumida por la Bancada del Encuentro Progresista y algunos legisladores nacionalistas en el Senado de la República oponiéndose al envío de tropas uruguayas a Haití.

El proceso que culminó con la destitución, secuestro y expatriación del presidente Aristide ha sido muy mal informado a la opinión pública internacional.

Elegido tras un programa de izquierda y al frente de un movimiento poderoso, «la avalancha» le llamaban los haitianos, Aristide transitó un camino equivocado. Aceptó como único camino las propuestas de lineamientos económicos del FMI, dio pasos atrás en algunas conquistas otorgadas a los trabajadores y ante el crecimiento de la resistencia que suscitaba el carácter antipopular de sus medidas dio un giro más a la derecha y empezó a desarrollar un estilo cada vez más autoritario.

Es el itinerario patético de más de un gobierno de intención progresista que termina «razonando» con la lógica del enemigo, rompe con sus bases y sus aliados y termina en manos de los que inicialmente enfrentaba.

De acuerdo a una reseña realizada por el prestigioso jurista argentino Alejandro Teitelboin, cuando Aristide asumió el Gobierno en Haití en 1991, propuso aumentar el salario mínimo de 1,76 a 2,94 dólares por día. La Agencia para la Inversión y el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) se opuso a esta propuesta, diciendo que significaría una grave distorsión del costo de la mano de obra. Las sociedades estadounidenses de ensamblado radicadas en Haití (es decir la casi totalidad de las sociedades extranjeras) concordaron con el análisis de la USAID y, con la ayuda de la CIA , prepararon y financiaron el golpe de Estado contra Aristide, dice el jurista argentino.

Como la reacción internacional (el embargo) y el caos interno paralizaron las labores de las sociedades estadounidenses en Haití, las tropas de ese país, con el aval del Consejo de Seguridad, restablecieron a Aristide en el Gobierno.

Los grupos que desencadenaron las acciones armadas en el norte de Haití, compuestos en su mayor parte por bandas responsables de masacres de civiles, están significativamente bien armadas y entrenadas.

El giro autoritario de Aristide, sumado a la gravísima situación social, a la que contribuyeron decisivamente las políticas impuestas por el FMI, exacerbó la crisis política y dio nuevos bríos a la oposición «pacífica».

Esta situación creó las condiciones favorables para desatar la «lucha armada» de los «combatientes por la libertad».
Las concesiones de Aristide, que se manifestó dispuesto a dialogar con la oposición civil y darle participación en el Gobierno, chocó con la inflexibilidad de ésta, que exigió la partida del Presidente, seguramente confortada por el avance de los grupos armados y la actitud de los Gobiernos francés y estadounidense.
El 29 de febrero Aristide fue embarcado por los «marines» en un avión estadounidense que lo llevó a la República Centroafricana y horas después el Consejo de Seguridad adoptó una resolución

«tomando nota» de la «renuncia» de Aristide y autorizando el despliegue de una fuerza internacional en Haití, cuando los

«marines» ya estaban instalados allí y habían echado al Presidente.

El primer ministro de Jamaica, Percival Patterson, aseguró que la Comunidad del Caribe (CARICOM) se rehúsa a participar en la fuerza multilateral internacional de la ONU para la crisis haitiana.

El premier jamaiquino expresó desencanto con la evolución de los acontecimientos en Haití y explicó que CARICOM tomó varias decisiones, incluida la no participación en la fuerza multilateral desplegada en ese país antillano.

A raíz de la salida del poder del presidente Aristide el pasado 29 de febrero y ante las acusaciones del ex sacerdote acerca de que había sido víctima de «un golpe de estado moderno» orquestado por los EE.UU., Patterson recalcó que no se podía encontrar ninguna excusa al retiro anticonstitucional de cualquier dirigente, al tiempo que advirtió que lo ocurrido en Haití constituye un precedente muy peligroso para todos los dirigentes democráticamente electos y los gobiernos del mundo.

Uruguay debe abstenerse de intervenir en ese conflicto. *