Vaciamiento legal al BPS

El sostenimiento del actual sistema económico que se aplica desde hace años en nuestro país requiere casi siempre el sacrificio de los sectores más débiles de la sociedad. Las carencias más profundas las sufre con más intensidad el que menos tiene y en esta emergencia social, el sistema impuesto impide soluciones a la pobreza que, en forma creciente, se adueña cada día de sectores más amplios de la sociedad.

La primacía en las prioridades es el sostenimiento del sistema financiero. Cuidar la etiqueta de «paraíso fiscal», aunque a algunos no les gusta esa definición, es el norte de los gobiernos comprometidos con los organismos financieros internacionales. Es por ello que cuando el capital no se contenta con el lucro habido, debe satisfacerse con medidas que, aun en la dolorosa sobrecarga de la pobreza, recaigan en los sectores de menos capacidad adquisitiva del país: trabajadores, jubilados y pensionistas. El proceso casi inhumano de la desregulación laboral, con sus consecuencias regresivas y las nuevas normas sobre previsión social, reafirman esta filosofía.

La aplicación de medidas de carácter económico, siempre inducidas por los organismos financieros internacionales y no a nuestro país solamente, sino a todo el globo, han llevado a las sucesivas administraciones a operar cada día con más desembozo, hecho que los economistas denominan «reformas profundas». Hace unos años a nadie se le ocurría rebajar los salarios de sus trabajadores, lo que hoy es una práctica diaria. Ningún gobernante de las décadas 40, 50 o 60 hubiera propuesto la rebaja de las jubilaciones. Hoy se aplica el mandato y sin analizar su costo social se muestran números de la macroeconomía que, como en la pasada administración, quedan al descubierto después como una gran mentira. El doble discurso presidencial nos dice que ya nada es confiable. Por un lado el doctor Batlle manifiesta en Rocha a los productores que vayan a pelear a las embajadas, que los organismos financieros nos prestan plata pero que nos cobran muy bien y por otro lado, sin decirle nada a nadie, hipoteca la soberanía. El miércoles 31 de mayo acepta las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional en una nueva Carta Intención, para un proceso de gendarmería económica sobre los bancos estatales y las empresas públicas.

Este proceso impuesto contiene una nueva embestida contra el régimen solidario de seguridad social y más concretamente, apunta a desfinanciar aun más al Banco de Previsión Social. Se proyecta por parte del gobierno, y es una de las pautas aceptadas por el FMI, proceder a la reducción del aporte patronal por parte de las empresas públicas, durante el año 2001, a razón de un punto por mes hasta llegar a 12 puntos. Es de hacer notar que la aportación patronal por parte de las empresas públicas, alcanza al 24,5 % de la retribución personal. De esta forma se transfiere al Estado el mismo mecanismo aplicado por las últimas administraciones en beneficio de las patronales manufactureras y más recientemente en beneficio de los patrones rurales. En ocasión de rebajar los aportes a la industria manufacturera, se logró incrementar las ganancias patronales del sector, dado que, consecuentemente con las rebajas, subió siempre el desempleo, desvirtuando los argumentos utilizados por los gobernantes de turno para tomar esa clase de medidas, que era el aumento de los puestos de trabajo.

En ese afán de lograr recursos y compensar disconformidades de alta influencia, se ha llegado al límite de la capacidad conceptual en cuanto a cuáles son las bases de sustentación de un sistema de seguridad social. Nuestro país tiene una tradición de justicia en la conformación de ese sistema. El aporte patronal es parte de la obligación de quien, junto al trabajador y al Estado deben sostenerlo. Ese aporte es parte del salario, lo contrario sería incrementar el lucro, la ganancia. Al respecto, sobre la obligación tripartita, dice el doctor Francisco De Ferrari en su libro Los Principios de la Seguridad Social: «Dentro de esa misma fórmula, las cargas de la seguridad, a medida que fueron evolucionando los sistemas implantados, terminaron siendo repartidas, por lo menos, de un modo formal, entre los asegurados, los empleadores y el Estado.

Esta distribución pareció justa durante mucho tiempo precisamente por la forma de financiación, la clase trabajadora apoyó y rodeó desde sus orígenes a las instituciones del seguro social. Si esta nueva modalidad de la previsión se basaba en la idea de la responsabilidad colectiva y había venido a sustituir las viejas formas de la previsión individual, pareció lógico que el sostenimiento de tales servicios se dejara a cargo del empleador, de los asegurados y del Estado, sobre todo porque de una manera directa o indirecta, de una u otra forma, todos los hombres obtenían un beneficio de la seguridad social y todos tenían además, una parte de culpa en los males y sufrimientos ajenos».

Sostiene más adelante y citando a Durand en La politique contemporaine: «Se ha justificado, a su vez, la participación de los empleadores en el sostenimiento de estos organismos y en la financiación de los mismos, aduciendo que el patrono, al retirar «un provecho del trabajo cumplido por otro, debía participar en la garantía de los medios de existencia que da la Seguridad Social: la vida del trabajo puede asimismo aumentar la frecuencia o la gravedad de los riesgos. Esta obligación es tanto más imperiosa, si se tiene en cuenta que los salarios son a menudo insuficientes para permitir a los trabajadores organizar, ellos solos la cobertura de los riesgos sociales». Agrega De Ferrari citando a H. Mazzeaud en Principes de reforme sociale, París, 1945: «La empresa tiene por fin permitir subsistir a los trabajadores. El seguro es uno de los elementos de su subsistencia. Ahora bien; o el salario es lo suficientemente alto como para permitir al trabajador destinar una fracción del mismo al pago de las primas o esta fracción debe ser vertida directamente por el empleador. Esta última solución es la que se ha adoptado porque permite luchar contra la imprevisión del trabajador. Dentro de esta fórmula el patrono no hace otra cosa que pagar, por cuenta del obrero, debiendo agregarse aún, que lo que corrientemente se llama cotización del patrono, es, en realidad, una cotización del empleado».

Está muy claro cuáles deben ser las patas de la mesa, al serruchar una de ellas, la estabilidad de la misma corre riesgos, pero no es una mesa, es un sistema fundamental en la vida de un país y que lucha en antagonismo con quienes, todos los días, quieren deshacerlo. Se busca el deterioro del régimen solidario para culparlo después de su ineficiencia. Esos recursos que se quitan, deben ser sumados a la asistencia financiera del Estado y lo terminamos pagando todos a un precio social demasiado alto porque quienes más pagan son los que menos recursos tienen. ¿Y cual es la finalidad? ¿Abaratar los costos de las empresas públicas para hacerlas más competitivas o para venderlas? Porque los organismos del Estado no compiten, tienen una finalidad social y a ella es que se deben. La propensión a vender patria siempre está en la mira. Seguros, puertos, aeropuertos, combustibles, comunicaciones y energía, siempre van a encontrar ávidos interesados. Pero el primer paso es cuánto cuesta y la rebaja de su costo debe pagarla la gente. Una buena fórmula para pagarlo es restringirle todos los días un pedazo del sistema de seguridad social.

* Integrante del Equipo de Representación de Pasivos en el BPS