Investigación conveniente

Instalada la comisión preinvestigadora en el Senado a partir de las denuncias del senador encuentrista Enrique Rubio, el cuerpo deberá decidir, de acuerdo con los resultados de la misma, si se instala o no una comisión investigadora para examinar las líneas de acción política desarrolladas por el titular de la cartera de Interior, escribano Guillermo Stirling.

El episodio es, como se sabe, bastante complejo y además de la actuación del ministro importa que queden absolutamente claras también las tesituras que en el evento asumieron el vicepresidente de la República y los funcionarios policiales concernidos.

Tal como se ha señalado, no resulta clara ni coherente la actitud del secretario de Estado en relación al juicio que le merece la actuación funcional del ex director nacional de Policía, inspector principal Roberto Rivero, a quien se calificara inicialmente en forma elogiosa para pasar luego a asignársele –en reiteración real– el epíteto de «terrorista de Estado», galardón que –hasta ahora–los portavoces de ningún gobierno uruguayo han otorgado ni a Bordaberry, ni a Gregorio Alvarez ni a Juan Carlos Blanco.

Tampoco resultan claros los fundamentos ni la secuencia de la intervención del vicepresidente Hierro López, gestión sobre el director nacional de Policía que tiene como fin y resultado la interrupción de la investigación sobre el proceso de blanqueo de activos del grupo Di Tulio a través de las compras de casas y campos en Uruguay.

Tampoco resulta clara la disposición del ministro del Interior de brindar protección policial al señor Danilo Arbilla, a partir de las denuncias en las que este ciudadano dice ser objeto de una vasta conspiración que envuelve a periodistas de distintos medios, jerarcas policiales y dirigentes políticos.

En la lógica delirante con que se denuncia la existencia de esta rocambolesca conspiración se han traspasado algunos límites.

Se han vulnerado así no sólo los límites del ridículo, de los que, como advertía Perón, a diferencia del exilio, no se vuelve.

Preguntado Arbilla acerca de si temía una agresión por parte del policía depuesto dijo que no, que en realidad los temores lo asaltaban por el hecho de que en la conspiración estaba el senador Eleuterio Fernández Huidobro.

El despropósito inaceptable de acusar a un senador de poner en riesgo su integridad física, desarrollado por Arbilla en su vertiginosa operación publicitaria, no debiera ser avalado por el ministro asignándole una custodia policial.

Asimismo resultan muy poco claros los fundamentos que con los que el ministro Stirling objetó al inspector Rivero en lo referido a la investigación sobre la venta de la casa de Arbilla a los narcolavadores del grupo Di Tulio.

Cuando el ministro sostiene que el policía se equivocó porque en un escrito a la Justicia, al dar cuenta de las líneas de investigación que propone no da pruebas suficientes, deja dudas acerca de cómo debe proceder la Policía cuando tiene una hipótesis para investigar.

Si las pruebas deben reunirse antes, ¿quién las obtiene?

¿Cómo se obtienen las tales pruebas si no hay autorización de los magistrados actuantes?

¿O es que hay en nuestro país unas reglas para personas como Arbilla y otras para el resto de las personas investigadas por la Policía?

Con estas preocupaciones, sólo algunas de las muchas que ha suscitado el episodio, es pertinente y de importancia como expresión de respeto a una opinión pública que quiere y debe ser bien informada, que el Parlamento investigue en profundidad todo lo ocurrido.

Es un campo distinto al estrictamente administrativo que compete al gobierno y también diferente al escenario judicial que se ocupa de otras aristas del problema.

Para el Parlamento, que tiene como misión constitucional controlar la labor del Poder Ejecutivo, definir con claridad su apoyo o no a la gestión de un ministro es esencial.

Es una investigación para definir posiciones parlamentarias y políticas frente a una gestión. Gestión, la del ministro Stirling, que hasta ahora venía concitando un infrecuente respaldo político nacional.

Importa determinar con precisión el alcance del traspié del ministro para saber si sigue contando o no con el respaldo parlamentario que la Constitución exige para seguir en funciones.