El juicio en Roma

La prensa internacional da cuenta del avance de las actuaciones de la Justicia italiana en torno a tres causas penales contra violadores a los derechos humanos de ciudadanos de origen italiano.

En su edición de ayer, LA REPUBLICA daba cuenta de la evolución de la acusación contra dos encumbrados criminales del proceso argentino: Carlos Suárez Mason y Santiago Riveros, vinculados a la desaparición de ocho ciudadanos italianos.

Hay otras dos causas. Una de ellas se ocupa de los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (la temida ESMA) y, un tercero, que examina las responsabilidades penales de delitos contra italianos cometidos en el marco del Plan Cóndor.

Como señala el analista de Página/12, Horacio Verbitsky, que viajó a Roma citado como testigo por la fiscalía, el proceso de Roma es el más antiguo de los que se instruyeron fuera de la Argentina.

En las actuaciones viene cumpliendo un papel sumamente importante el fiscal Francesco Caporale cuya actitud ejemplar el periodista destaca.

Y señala: «ni los jueces chilenos ni los argentinos hubieran desempolvados los expedientes sin el poderoso impulso que recibieron de sus colegas europeos. A su vez, nada hubieran podido hacer éstos sin la infatigable lucha de los familiares de las víctimas, los organismo de derechos humanos y algunas organizaciones sindicales como la CTA (…)»

El juicio de Roma importa entonces como valoración de un esfuerzo y una conciencia humanitaria de algunos magistrados italianos y las fuerzas políticas y sociales que los respaldan y el significado que estas acciones –como las del español Baltazar Garzón– adquieren como estímulo y como ejemplo para los jueces y fiscales de esta parte del mundo, donde la lucha contra la impunidad soporta gigantescos obstáculos.

Según todos los pronósticos, la labor de la Justicia italiana culminará con la condena de los genocidas acusados en las distintas causas.

De no mediar alguna tormenta política –que en la Italia de hoy no es de descartar– como podría ser un eventual triunfo de Berlusconi, las condenas darán lugar a los correspondientes pedidos de extradición para los imputados.

El juicio de Roma importa aquí en nuestro país porque, como es sabido, entre las víctimas del Plan Cóndor (la otra causa que se diligencia en Roma) se encuentran varios compatriotas (con doble nacionalidad) que se están desaparecidos.

Como conclusión de los juicios romanos se derivan para nuestro país dos instancias en las que, de un modo u otro, se tendrá que decidir.

Por una lado, vale la pena consignar las reflexiones de Horacio Verbitski referidas a su país. «Los jueces argentinos deberán decidir ahora si están dispuestos a convivir con la vergüenza que estos crímenes puedan ser castigados en cualquier parte del mundo, menos en el lugar en que se cometieron».

Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo deberá definirse ante el envío por parte de la Justicia italiana de las órdenes de extradición de los imputados.

Si, como se plantea, hay ahora un nuevo estado del alma por parte de las autoridades va a ser de extrema importancia saber cómo se sitúa el Poder Ejecutivo frente al problema de la impunidad y frente a las decisiones de tribunales de otros países, como sucede ahora en Italia, que se atienen a los conceptos consagrados en los tratados que Uruguay ha suscrito, donde se sostiene que la desaparición es un delito permanente y que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos constituyen delitos contra la humanidad.