Una propuesta antidemocrática

Blancos, colorados y nuevoespacistas están empeñados en legislar para hacer más dificultosa la convocatoria a Plebiscitos (cuadruplicar el número para la iniciativa, acortar el plazo y limitar las instancias de suscribirla a una, requerir impresiones digitales de los solicitantes). ¿Qué les molesta del actual régimen plebiscitario? El es orgullo democrático en el contexto regional. La posibilidad de que una pequeña porción del cuerpo electoral pueda tomar la iniciativa para provocar un pronunciamiento vinculante de la ciudadanía sobre un tema, es un recurso apto de democracia directa, que en algún grado permite corregir el riesgo de «irrepresentatividad» de la democracia representativa, por lo menos en un sentido. Aunque está lejos del ideal del autogobierno popular que la noción democrática misma invoca, está claro que abre un camino para poder rectificar actos de los «representantes, cuando estos contradicen la voluntaad popular, si en efecto esta contradicción se constata. Y el sistema vigente está dotado de la moderación que imponen instancias crecientes de respaldo de voluntades para llegar a la convocatoria plebiscitaria. No pueden caber dos opiniones sobre la bondad democrática de acercamiento a la soberanía popular, si ella está garantida por un procedimiento que supone un tiempo de debate nacional y una pluralidad real de opiniones que lo alimente (de lo que carecían los a veces invocados casos de plebiscitos de regímenes totalitarios).

Es curioso que el fundamento de la propuesta que se maneja sea el de disminuir gastos y engorros de la movilización del aparato comicial, por parte de los mismos que recientemente convirtieron el único acto eleccionario nacional tradicional en cuatro instancias que se desarrollan durante un año.

La motivación debe ser otra: más bien el alejar las probabilidades de que sus actos «representativos» sean puestos en cuestión y sometidos a decisión popular.

La cuestión doctrinaria

Lo que, por otra parte, implica que subyace una concepción elitista sobre la democracia de los promotores de la enmienda. Mal que les pese, etimológicamente democracia quiere decir «gobierno («kratia») del pueblo o del cuerpo de los ciudadanos» («demos»); y no de una clase política legitimada por el voto. Desde la Antigüedad, se define así por oposición a «monarquía» (gobierno de uno); y «aristocracia», «plutocracia» u «oligarquía» (de ‘nobles’, ‘ricos’ o ‘minoría»; respectivamente).

Su raíz es la soberanía popular. La idea de la «representación» (o de «democracia representativa») fue fundada como mitigación del concepto, para hacerlo «posible» en las «sociedades grandes».

Claro que en su elitismo no están solos. Hay toda una tradición histórica, que arranca también de la antigüedad, de defensa del punto de vista oligárquico. Desde el considerar a la voluntad popular como «el querer del vil y soez populacho», ya expresado entre los antiguos: hasta el «realismo maquiavelista paretiano» de la historia como «cementerio de aristocracias». O, con mayor «potabilidad» actual, el concebir al mecanismo electoral como seleccionador de la elite política, en la competencia entre grupos que disputan el voto popular como lo hace Schumpeter. Lo que se parece más a la imagen neoliberal de nuestros políticos vernáculos, en su versión rústica del comicio como «mercado electoral». Se trata de legitimar el poder «desde arriba». Lo que realmente constituye la oposición a la clásica idea esencial democrática, que reivindica el gobierno de todos (democracia directa), o la radicación en última instancia de la soberanía en el pueblo (democracia representativa). Justamente es éste posicionamiento el que da lugar a la idea de democracia: que en las pequeñas Ciudades-Estado de la antigüedad, con ciudadanía limitada, asume la forma –y es sinónimo– de democracia directa; en la que se inspira el ideal rousseauniano para las pequeñas repúblicas. Y que se trastroca en democracia representativa para adecuarse a los requerimientos del Estado-Nación, por razón del tamaño. Pero que en el pensamiento democrático radical va acompañada de los mecanismos que garanticen su esencia (requerimiento de igualitarismo efectivo entre los ciudadanos; capacidad de éstos de controlar el desempeño de los representantes y le revocabilidad del mandato). O sea, la afirmación de la soberanía popular irrenunciable que funda el poder «desde abajo». Es en este conexto que se ubica el mecanismo del plebiscito como forma de rectificar por el real soberano, decisiones que desaprueba de sus representantes.

El desarrollo de un pensamiento elitista liberal, que aprovecha el desvío «representativo» para postular la inhibición de toda otra participación directa del soberano que no sea la «elegibilidad», es históricamente relativamente reciente (Locke, Tocqueville, Kelsen, etc.) Y, con mayor frecuencia, encuentra uno de sus fundamentos en el «peligro» de la «dictadura plebiscitaria». Lo que saltea el problema del calificador de ese eventual régimen, y omite no ya el peligro sino la normalidad del encubrimiento del gobierno de clase que implica en la democracia liberal del capitalismo, la representación sin al menos el contrapeso popular plebiscitario.

Ni qué hablar de que la tradición socialista más clásica, siempre denunció con fuerza este encubrimiento, más allá de que postuló otras formas de organización democrática para la nueva sociedad. Ya desde Babeuf señaló la farsa de la democracia representativa en un contexto de aguda desigualdad. Bakunin y los anarquistas se opusieron tenazmente a cualquier forma de delegación representativa y postularon la organización libertaria federalista. Marx, inspirado en la Comuna de París, propuso el «autogobierno de los productores», y la descentralización en comunas. Rosa Luxemburgo planteó la cuestión de la real democracia de la dictadura del proletariado.

Aunque no fue siempre fiel a ese principio, Lenin postuló la democracia de los soviets; lo que no se borra en el ideario por el ejercicio dictatorial stalinista del llamado «socialismo real». Y Malatesta postuló el desempeño libertario organizado con el individuo en el grupo y el grupo en la federación. Por otra parte, proliferaron variantes de propuestas y experiencias de autogestión obrera. Hasta en el laborismo británico se procuró estructurar la democracia partidaria a través de los sindicatos. El recuesto doctrinario de la tradición socialista siempre fueron las formas más radicales de democracia directa, aún para las sociedades complejas.

La situación uruguaya

Entre otros ingredientes, la excepcionalidd democrática uruguaya para la región durante todo el siglo XX, estuvo marcada por el estímulo a la participación popular en las más importantes decisiones políticas. A través de todas las reformas a la Carta, el constituyente uruguayo optó por la solución de mitigar el régimen representativo con el acceso a los institutos vinculantes del referéndum y del plebiscito. Más aún, sus principales caudillos desde Artigas en adelante, no sólo no temieron a la voz del soberano, sino que se apoyaron en ella para llevar adelante sus iniciativas.

Por eso, más llama la atención el temor de la mayoría de la clase política a los pronunciamientos populares. Porque el argumento del peso y costo de las consultas comiciales suena a hueco, cuando acaban de multiplicar por cuatro las elecciones nacionales. Y porque en el país existió ya la vigencia de elecciones casi anuales (Constitución del 17) que produjo maduración civilista en la ciudadanía.

¿Cuál puede ser el móvil de una tal propuesta cuando sobran los dedos de una mano para contar el total de plebiscitos realizados especialmente e
n los tres lustros de posdictadura? ¿Qué «exceso» ha provocado el sistema de iniciativa vigente?

Se comprende si se advierte que mientras el sistema político del país tuvo consenso, las consultas plebiscitarias eran la legitimación de acuerdos partidarios. Todo empezó a cambiar cuando la iniciativa del plebiscito comenzó a ser el recurso de una parte importante del electorado, para enfrentar los designios gubernamentales a los que se opuso. Lo que también motivó el cambio de reglas electorales para evitar un triunfo no tradicional que hubiese instalado un Poder Ejecutivo «encuentrista». Que no otra cosa fue el establecimiento del «balotaje».

Es el miedo de los partidos tradicionales a perder el gobierno y a la resistencia a su ejercicio por medio de plebiscitos o referendos cuando el programa conservador por el cual hace tiempo que han optado, los lleva a enfrentar tradiciones relativamente progresistas, fuertemente arraigadas en la cultura popular uruguaya. Esta configuración hace claramene entendible la estrategia de las dirigencias de esos partidos: para mantener sus pretensiones de gobernar a un país en el cual se van convirtiendo irreversiblemente en minoritarios. Lo que sí resulta incomprensible es que el Nuevo Espacio, que se pretende fuerza de izquierda, acompañe la estrategia de los partidos tradicionales; y se sume, para el caso, a la tendencia de tratar de restringir las oportunidades de participación popular.

«E pur si muove»

Es cierto que la proyectada reglamentación legal no podrá acometer contra el derecho que la Constitución le reconoce a ciertas proporciones del cuerpo electoral a traer a su consideración algunos asuntos para pronunciarse plebiscitariamente. Pero ciertamente lo puede dificultar, agregarle adicionales de realización de actos de democracia directa, o al menos, de mayor participación ciudadana (Por ejemplo: representación de funcionarios y usuarios en la dirección de los entes autónomos; en vez de autocralizarlos, en manos de «bien mandados» del Poder Ejecutivo). Ese es uno de los principales sentidos en que debe crecer la democracia uruguaya. Y el procurarlo es un compromiso ideológico de la izquierda nacional.

Por cierto, los partidos tradicionales alineados en la derecha y en uso de esta nueva diciplina que ahora han descubierto, por ahora tienen los votos parlamentarios, y van a hacer lo que quieran. Que en este caso será inhibir la particiapción popular (¡Cuidado!; ¡que no vaya a sentir la oposición frenteamplista la misma tentación de sacudirse de esa participación, cuando tenga los votos para volver a promoverla! Que la tendencia a sentirse «mandatarios» es muy contagiosa…).

Da la impresión de que en este asunto poco importan los argumentos que se amontonen en contra. Como en otros temas, pesarán los votos ya definidos e indispuestos a un debate real y fecundo. Lo que no quita que lo sigamos procurando. Aunque a veces se siente cansancio de explicar cosas más o menos elementales, como que es más democrático el facilitar la participación soberana en vez de obstruirla. Todo ello es parte del decaecimiento general del espíritu democrático que creo que está padeciendo el país. Pero este ya es otro tema.

* Sociólogo