Un camino inconveniente

Todo parece indicar que el camino adoptado por la mayoría blanca y colorada en ambas cámaras no es el mejor para el país y para las instituciones.

Es obvio que, desde el punto de vista estrictamente legal y formal, las mayorías parlamentarias están facultadas para legislar del modo como se está procesando la Ley de Urgente consideración impulsada por el gobierno.

No se trata de eso, sino de los estilos de trabajo y de las modalidades de diálogo con la oposición parlamentaria y sobre todo con las organizaciones representativas de la sociedad civil.

Si nos atenemos a lo que la oposición y las organizaciones sindicales vienen expresando, no ha habido, por parte de los sectores mayoritarios, ni una atención adecuada ni una voluntad de acordar en determinados puntos altamente conflictivos de los que contiene la ley proyectada.

Todos sabemos cómo en el Uruguay de hoy se construyen las mayorías parlamentarias.

Cómo –muchas veces– es en la constitución del gobierno, cuando se procede a la distribución de los cargos ministeriales y de los directorios de los Entes Autónomos, cuando se crean las condiciones «de alianza política» que se traslada luego a la esfera parlamentaria.

En las cámaras se asiste luego al momento en que la mayoría vence pero no convence.

Tal como está ocurriendo con esta ley, los argumentos por los que se brinda el apoyo al proyecto, son a menudo de carácter inconsistente y remiten, si no explícitamente en forma más o menos tácita, al problema de la «disciplina partidaria», o la «lealtad con el gobierno» de diputados y senadores.

Es un mal camino y el primero que sale mal parado es el propio Parlamento.

Por su naturaleza, nada conviene más a un órgano representativo que el tener la capacidad de seguir siendo caja de resonancias de las inquietudes y angustias populares.

La flexibilidad, el oído atento, la disposición al diálogo y a la búsqueda de salidas más o menos de consenso son atributos que no sólo no le quitan sino que le dan a la institución parlamentaria un prestigio mayor en la sociedad política.

Una ley como la que está a punto de ser votada, que ha levantado tal cantidad de protestas de parte de varios y amplios sectores sociales, no parece ser el camino más adecuado.

Todavía no se han desvanecido, en el aire efímero de las campañas electorales, las promesas que ambos partidos suscribieron en el pacto con que se decidió apoyar la misma candidatura, la del Dr. Jorge Batlle, en las elecciones presidenciales del mes de noviembre pasado.

¿Quién podría estar en desacuerdo con esas propuestas de atención a las cuestiones sociales, a los problemas de la producción y el empleo, a la sensibilidad frente a las situaciones de pobreza y desamparo que aparecen en el país?

Sin embargo, la primera ley de los aliados de noviembre no parece contemplar los problemas sobre los que se construyó aquel pacto preelectoral.

Y razón les asiste a muchos protagonistas del mundo del trabajo cuando señalan que no han encontrado respuestas legislativas ni de gobierno al incremento de la desocupación, a la crisis del mutualismo y al clima de incertidumbre que embarga a buena parte de los asalariados en el país.

Vencer y no convencer es un mal inicio para una legislatura.

Muchos sectores sociales se están preguntando razonablemente si éste será el estilo que se impondrá en la elaboración y discusión parlamentaria del Presupuesto, la ley que articula toda la actividad del Estado para los próximos cinco años. De ser así, será tanto peor para el Parlamento y para el país.