La izquierda piensa en los desafíos del futuro

El pasado 19 de abril, el Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió una serie de cuestiones pendientes y aprobó un documento cuyo abordaje inicial se había realizado durante el IV Congreso celebrado en diciembre pasado.

El objeto del documento no tiene precedente en la elaboración de los partidos políticos uruguayos. Constituye un esfuerzo novedoso, característico de la etapa actual de la evolución del pensamiento de izquierda. Es indudable que los acuerdos expresan los resultados de una reflexión larga y consistente.

Algunos de los ejes son el fruto de las experiencias recientes a que se enfrentó el Frente Amplio y sus aliados en el campo social, como lo fue, por ejemplo, la movilización cívica que culminó con el formidable triunfo de la papeleta rosada el 7 de diciembre pasado.

Otras reflexiones, sin embargo, cargan con una prosapia más añeja. Proceden de ideas a las que llegó el movimiento sindical en los años sesenta, en los albores de la crisis económica y social, en los tiempos de la crisis bancaria de 1965, de las grandes confrontaciones con el gobierno y del Congreso del Pueblo.

A ese viejo legado, los autores del documento actual agregaron las reflexiones que la izquierda ha incorporado a partir de su experiencia al frente del gobierno de Montevideo y de los esfuerzos realizados en el sentido de aumentar las áreas de participación ciudadana.

El ahondamiento de la crisis social y económica, junto con la inminencia de un advenimiento de la izquierda al gobierno nacional, con todo lo que comporta esa rotación real de los partidos en el gobierno, fue el disparador del interés de la conducción frenteamplista para avanzar reflexiones en este terreno.

La elaboración y aprobación del documento debe pues ser registrada como un indicio del interés en el avance de la transparencia política, en la voluntad de trabajar con rumbos prefijados y no improvisar, de no actuar «como va saliendo» sino con acuerdos y previsiones alcanzados con anticipación.

Los ejes centrales de la reflexión apuntan a fijar las normas de actuación política de un gobierno de izquierda con relación a las estructuras de la propia organización política y de las organizaciones presentes –y bien activas por cierto– en nuestra sociedad.

Cuando una y otra vez, desde los voceros de la derecha conservadora, se insiste en que un gobierno del Frente Amplio conduciría a una «explosión de las demandas sociales» y a los riesgos de una situación anárquica por las acciones incontroladas de las organizaciones sindicales, a través de este documento el pensamiento de la izquierda anticipa ciertos criterios de relación con las organizaciones sociales: búsqueda de acuerdos y de instancias participativas que apuntan a ordenar el curso de los acontecimientos en el marco de la nueva situación creada por el advenimiento de un gobierno popular. Una de las ideas fuerza del texto remite a la necesidad de transferir capacidad de decisión al pueblo: El gobierno progresista, afirma el documento, no se podrá sostener y consolidar, solamente cambiando a las personas que integran el gabinete y aplicando otro programa. Ello no alcanza. Un gobierno al servicio de los intereses populares y las grandes mayorías nacionales, además de instalar su equipo, integrado por cuadros de probada idoneidad técnica, para llevar adelante su programa tendrá que modificar una burocracia instalada funcional al bloque de poder. Y eso no será tarea fácil. Llevará tiempo y esfuerzo. Para hacerlo el FA y sus aliados también tendrán que cumplir con su propósito de promover la participación, transferir capacidad de decisión a la gente y transformar a los ciudadanos y al pueblo en protagonistas activos, que gestionen sus propios intereses y participen en la difícil tarea de gobernar el país.

El acierto de esta proposición es innegable. Parece poco probable que Uruguay pueda salir adelante sin un esfuerzo nacional dilatado. Para ello, la transferencia de poder de decisión a la gente es fundamental. *