Hacia una mayor transparencia política

La Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados ha resuelto por unanimidad elevar al plenario un proyecto de ley que se ocupa de algunos aspectos del financiamiento de los partidos.

La iniciativa importa, dada la trascendencia de la materia que trata, aunque esta vez los propósitos del legislador parecen ser bastante modestos en relación a los valores que están en juego.

Efectivamente un rasgo que distingue a esta etapa del desarrollo democrático no solo en el país sino en todo el mundo es, justamente, las dificultades que encuentra la sociedad política para hacer transparente sus mecanismos de decisión.

El secreto –y a menudo el secreto hermético– parece haberse adueñado totalmente de las instancias en que las decisiones más importantes son adoptadas.

Es bajo el amparo de ese secreto puramente fáctico, ilegítimo, no previsto en ninguna norma democrática, que se ejerce el poder económico sobre el poder político, clave de la esencial desvirtuación de la democracia latinoamericana contemporánea.

El peso de las grandes fortunas, nacionales y extranjeras, individuales o corporativas, sobre los organismos representativos de la voluntad popular pone en cuestión la esencia misma de la democracia política, rompiendo la igualdad de todos en cuanto a sus derechos y sus obligaciones. Consagra la existencia de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.

La gravitación política del sector económicamente fuerte de la sociedad es considerablemente mayor que la de los pobres, aunque éstos constituyan un conjunto humano numéricamente mucho mayor.

El proyecto en cuestión establece que los candidatos a la primera magistratura y a cargos electivos deberán realizar una declaración jurada y pública acerca de cómo se financió la campaña, cuáles fueron los gastos y cómo se obtuvieron los recursos para que cada partido realizara su campaña.

El anteproyecto se limita a esa área de problemas. De lograrse su aprobación, tendría el mérito de ser la primera norma de ese tipo que logra un apoyo suficiente como para ser sancionada.

Desde hace ya muchos años, otros esfuerzos orientados en ese sentido han fracasado con reiteración, muchas veces como resultado de la oposición disimulada de algunos sectores políticos con fuertes e inconfesados vínculos con el área económica.

Otro de los aspectos sustanciales que habría que abordar desde el campo legislativo es el atinente al acceso con equidad a los medios de comunicación masivos, especialmente la televisión, en instancias en las que la ciudadanía tiene que escoger representantes y gobernantes.

En ocasión de la segunda vuelta de la elección presidencial del año 1999, desde las páginas de LA REPUBLICA se realizó un seguimiento ceñido de la cantidad de tiempo asignado a los que defendían una u otra candidatura.

Los resultados de esas mediciones nunca fueron desmentidos. Su mensaje era por demás elocuente: la enorme mayoría de los medios, que responden a un grupo muy restringido de familias, tomaron partido por el candidato de la coalición blanquicolorada.

En aquella oportunidad el candidato progresista debió comparecer perjudicado por esa desigual distribución de las oportunidades de dirigirse a la población. En definitiva, para explicar sus proyectos, para intentar persuadir a la ciudadanía de que lo apoyara, contó con una cantidad de tiempo que era seis o siete veces inferior a la que disponía el candidato del oficialismo.

Esta cuestión, como la de la transparencia que ahora discutirá –y es de esperar que apruebe sobre tablas– la Cámara de Representantes, es esencial para la democracia. No solo para las fuerzas y los candidatos progresistas. Para todos. *