La política de austeridad

El tema de la austeridad que comenzó a ser debatido el pasado lunes en el Plenario del Frente Amplio era de indefectible dilucidación. Un país como el Uruguay, que vive una situación muy grave en materia de ingresos, no se puede dar el lujo que durante el próximo gobierno siga imperando la ley de la selva en los sectores, las personas, o las corporaciones que, de acuerdo a su capacidad de presión, obtengan ingresos diferenciales.

El enunciado de lo resuelto por el Frente Amplio muestra, en primera instancia, que el tema de la necesaria austeridad, la que se expresará en primer lugar en los salarios que cobren quienes habrán de gobernar, está comenzando a transitar el necesario camino de la discusión, arribándose a conclusiones que llevarán a implementar medidas que a algunos les pueden parecer enojosas, pero que no cabe duda que son necesarias.

Todos los uruguayos sabemos cómo se maneja el Estado en materia salarial y las diferencias que existen entre bancarios y profesores de la Universidad de la República, entre funcionarios y técnicos de empresas públicas, y docentes, funcionarios de Salud Pública, policías y soldados.

El país en su conjunto requiere una reestructura salarial en la administración pública, lo sabemos. No es posible que sigan existiendo salarios sumergidos que hacen que muchos funcionarios vivan por debajo de la línea de la pobreza. Tampoco es posible lo contrario, que grupos con una fuerza corporativa importante, impongan condiciones a las que los gobiernos acceden.

Se dirá que ese tema tiene poco que ver con lo resuelto por el Frente Amplio, estableciendo topes máximos que deberán cobrar los funcionarios de confianza política, quienes ingresarán al gobierno para cumplir una tarea a favor del país y no para enriquecerse. Ingresar al gobierno, si eventualmente la izquierda asume el gobierno en el mes marzo del 2005, será para servir al país y a los ciudadanos. Quien pretenda hacerlo por dinero, exigiendo cifras más allá de un monto lógico para el sustento de una familia, deberá pensar en otros rumbos, o quizás golpear otras puertas.

La austeridad, obviamente, comienza por casa. No existe ninguna razón para que se fijen sueldos altos porque el país no está en condiciones de pagarlos. Desde esta misma página criticamos con dureza los sueldos que cobraban los jerarcas del Nuevo Banco Comercial, cifras totalmente alejadas de la realidad del país, superiores a la media de los estipendios de presidentes de las naciones del continente. ¿Y por qué ocurrió tal cosa? ¿Por qué desde el Ministerio de Economía se autorizaron sueldos que superaban toda la lógica, sumas brutalmente altas, comparables solamente con las de los presidentes de grandes corporaciones multinacionales?

La respuesta sobre ese dislate fue clara: Los señores que están al frente del Ministerio de Economía y más de un integrante del propio gobierno, valoran solo lo material en cuanto al trabajo, sobrevalorando –por supuesto– a quienes tienen relación con lo financiero. Para ellos un banquero contratado vale más que un profesor universitario que, con la camiseta del país puesta, sigue investigando en ciencia y tecnología, en pos de un futuro venturoso para la comunidad, con sueldos de 200 y 300 dólares.

Para combatir todas esas concepciones, vinculadas a toda una manera de pensar, buena cosa es que el Frente Amplia haya tomada una resolución, estrictamente vinculada a los cargos de confianza política. Sobre estos se fijarán topes en el marco de una política de austeridad. Es un primer paso para aventar esos criterios malsanos, distorsionantes de la economía y de la sociedad. Por otra parte, sostener que se trata de demagogia el haber tomado esa resolución, es por lo menos un error.

La piedra libre que reina actualmente en el país no le sirve a nadie y, por ello, fijar topes para los cargos de confianza política es un buen signo.

Uno de los primeros. *