La independencia económica de los partidos

La proximidad de los comicios que determinarán las candidaturas únicas de cada colectividad a la Presidencia de la República, como la ulterior que nominará a quien le corresponde este sitial –simultáneamente con la elección de los integrantes del Poder legislativo– recrea la antigua preocupación sobre los costos de la actividad proselitista. Y por razones que no escapan al intelecto del lector, a la ciudadanía le resulta inexplicable que un tema de esa trascendencia siga sin obtener apoyo parlamentario.

Como es obvio, esa inercia es la responsable de que no se haya sancionado una ley que en definitiva fortalezca la autonomía del poder político frente al económico, omisión que contribuye a restarle credibilidad al Parlamento y, lo que es preocupante, suministra argumentos a quienes desde las cuevas del autoritarismo desacreditan los atributos del sistema democrático. En este contexto la gente se siente defraudada, ya que visualiza que por un lado los titulares del espectro partidario hacen caudal sobre la imperiosa necesidad de que el mundo empresarial o de las finanzas no tenga incidencia en las contiendas cívicas, y luego esa voluntad no se refleja en el campo legislativo.

Se sabe que en esta órbita transitan varios proyectos que buscan reglamentar el financiamiento de las campañas electorales, por lo que en la lógica visión del pueblo no son admisibles las dilatorias, chicanas o argucias que impidan la aprobación de uno de ellos. Y como se presume, lo peor que puede ocurrir para los intereses nacionales es que bajo el pretexto de que falta «esto o aquello», el país siga huérfano de una ley que garantice la emancipación de los gobernantes ante las canteras donde conviven los dueños del dinero.

La historia con implacable mordacidad enseña que el modelo republicano se debilita y pierde autoridad, cuando los dirigentes políticos están condicionados por las firmas que tienen el dominio de los grandes capitales, sean ellos de origen agropecuario, industrial, comercial o bancario, ya que de esa forma el poder privado se incrusta sutilmente en la conducción de los asuntos públicos. Y en esta línea de razonamiento se sabe que las empresas con finalidad de lucro colaboran con las corrientes ideológicas, con el inequívoco propósito de lograr en el futuro medidas de gobierno que beneficien sus cuentas corrientes, o que no se dicten aquellas que puedan perjudicarlas.

El circuito empresarial sabe por experiencia cuánto significa tener influencia en el seno de los partidos –problema ético que no es privativo de Uruguay–, sino que tiene notorias proyecciones en el resto del planeta. Porque poseer un teléfono para «sugerirle» a los personajes de las alturas que un proyecto de ley, un decreto o una medida administrativa lesionan las posibilidades de la firma, o la colocan en desventaja frente a eventuales competidores comporta una facultad entrañablemente apetecida.

Ese grado de sumisión le quita libertad de conciencia al gobernante, porque en lugar de darle primacía al interés colectivo opta por el camino que contemporice con el de la firma a la que le debe favores. En este marco resulta difícil, por no decir imposible, demostrar las relaciones entre miembros del sistema político y los empresarios, en virtud de que a ninguno de ellos les conviene que se conozca el monto de las donaciones, y mucho menos el grado de subordinación que las mismas desatan. De manera que los vínculos perviven subrepticiamente en las sombras de una conexión, donde las partes además de protegerse mutuamente, logran sus respectivas ventajas en perjuicio de la comunidad.

Si la meta de ponerle fin a estos vicios, que indudablemente prostituyen el alma de la democracia, tiene signos de sinceridad, confiemos en que sus promotores lleven el tema hasta sus últimas consecuencias, para que la nación no siga sufriendo la deprimente carga de la sospecha. *