Los ex ahorristas del TCB

La decisión parlamentaria de bloquear una solución para los ahorristas del Banco de Montevideo, paralelamente a que se comenzara a conocer documentación que da cuenta de los «escandalosos» movimientos de dinero que realizaba esa institución perteneciente al grupo Peirano, muestra alternativas complejas que es bueno analizar.

Primeramente se debe decir que no estaban puestas todas las cartas sobre la mesa cuando los legisladores pasaron a votar, porque el diagrama del robo mostrado posteriormente es más que contundente. Estos depositantes del Banco de Montevideo, que se mencionan como ex ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB), al contrario de lo que afirmó en más de una oportunidad el Presidente de la República, no son privilegiados que se pasean en 4×4 y que buscaban, de una manera casi delictiva, apropiarse de algunos puntos más de interés en sus depósitos. ¿Qué lector, imaginando un país en que reinara la tranquilidad, no accedería a aprobar que su dinero tuviera el mejor rendimiento posible?

Es muy duro o, evidentemente, un subterfugio, sostener que depositar dinero en el Banco de Montevideo y que luego fuera girado a las islas Cayman, sea una actitud que invalida la defensa de estos compatriotas que, al parecer, habrían cometido una falta de tal magnitud que elimina todos sus derechos.

Ello por un lado, pero por el otro existe un aspecto de la situación que, obviamente, afectará al próximo gobierno. Si se le cierran todas las posibilidades de reclamar ese dinero a estos depositantes –política que desde un principio se impulsó desde el Ministerio de Economía– luego de conocerse el diagrama de cómo estos señores del Banco de Montevideo implementaron su operativa totalmente ilegal, es obvio que los perjudicados iniciarán juicios contra el Estado que, como es fácil suponer, desembocarán en una millonaria erogación que deberá afrontar el próximo gobierno.

La situación de los ahorristas del TCB es un coletazo más de la más que lamentable política del gobierno que, a través del Banco Central, dejó las riendas largas para que banqueros inescrupulosos se apropiaran de dineros de sus clientes, dejando el tendal de damnificados. Batlle, muy propenso a mencionar que el país «honraría» todas sus obligaciones, al referirse a estos ahorristas, en primera instancia los destrató, acusándoles de tener intereses desmedidos y de «saber» todos ellos que su dinero se depositaba fuera del país, como si ello fuera un delito que autorizara al Estado a desentenderse de esa situación.

Todo muy grave y enojoso. La preeminencia del sistema financiero sobre todo lo demás es un hecho cierto que, también, se expresa en este caso.

Para ser más claros, existe una absoluta prescindencia del derecho que vive un sector de damnificados, estafados por el Banco de Montevideo. ¿Quién debe arbitrar una solución adecuada para esta gente? ¿Es correcto que el Estado deba asumir, en este caso también, la responsabilidad de socializar las pérdidas provocadas por esta banda de banqueros inescrupulosos?

Obviamente en este caso se deben juntar las inteligencias, evitando ser colonizados ideológicamente por quienes desde el gobierno pretenden desatender los reclamos de toda esta gente que tiene en su poder documentos de depósitos que no dicen TCB, sino Banco de Montevideo.

La justicia debe ser pareja para todos y no es de recibo que unos depositantes sean distintos a otros. Todos han sido víctimas de lo mismo, estafados por banqueros que no fueron controlados, como se debiera haber hecho por las autoridades monetarias. *