Una postergación muy anunciada

El Senado de la República postergó, por veinte días, el pronunciamiento sobre la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.

Nada hay de objetable –desde el punto de vista jurídico– en esta postergación. El alto cuerpo parlamentario actúa en un todo de acuerdo con la Constitución y las leyes. Y por otra parte, no está mal que se agote la discusión en un ámbito que, como el parlamentario, halla su razón de ser en la discusión, la polémica, la confrontación de argumentos y posiciones disímiles. Es preciso que se expongan con claridad y sin limitaciones de tiempo todas y cada una de las posturas que sobre el delicado tema exhiben los diferentes integrantes de la rama alta del Parlamento.

Sobre lo que sí debemos llamar la atención es sobre el riesgo de que, a fuerza de diferir la votación, la Ley sea sepultada y duerma en los cajones, sine die, el sueño de los justos. Es absolutamente imprescindible que el asunto se debata y se vote en esta legislatura.

Se impone una decisión sobre un asunto que a esta altura es una asignatura pendiente que tiene la sociedad consigo misma. Nosotros, partidarios de la despenalización del aborto, entendemos obviamente que debe votarse afirmativamente; pero también pensamos que la decisión –sea cual sea– debe tomarse sin mayores dilaciones.

Y hacemos nuestra la consigna estampada en carteles y coreada por cientos de manifestantes «¿Cuántas mujeres más se tienen que morir para que el Senado se anime a decidir?».

Lo reiteramos: la criminalización del aborto no sólo no ha evitado su práctica sino que, además (y lo que es peor), instaló en los hechos una grosera discriminación social al tiempo que ocasiona la muerte de muchas mujeres por efectuarlo en «clínicas» clandestinas que no cuentan con las condiciones mínimas de asepsia ni con personal idóneo.

Es por tanto falso el argumento de que el número de muertes por esta causa es relativamente bajo y «debilita la justificación legal para matar a miles de niños no nacidos», según afirma una nota editorial de El Observador de ayer. Así como la penalización del aborto no evita su práctica, en modo alguno puede suponerse que su despenalización implicará un aumento del número de abortos.

El próximo cuatro de mayo el Senado deberá pronunciarse. Esperamos que lo haga con la responsabilidad necesaria para derrotar a la hipocresía. *