La violencia entronizada en la sociedad

El episodio ocurrido en el liceo de Maroñas, en el que un niño disparó un arma de fuego que hirió a una condiscípula, pone al desnudo una realidad social de ribetes trágicos.

No vamos a reiterar el relato de los hechos, ya suficientemente divulgados por la prensa.

Sí nos interesa destacar que el hecho trasciende lo meramente policial para convertirse en un tremendo fresco de una sociedad destruida, del deterioro material y moral que padecen sectores numerosos del entramado social, y de las dificultades de convivencia que en ellos se verifican. Porque si bien no es un hecho común que un liceal vaya a clase armado, el episodio se enmarca en un contexto de violencia y agresividad que va ganando poco a poco a toda la sociedad, y no debe tomarse como un hecho aislado, fortuito, debido a un desajuste psicológico, como el que podría ocurrir en cualquier otra zona no carenciada.

Estamos hablando de un barrio típico montevideano, de clase media baja, que sufre –como tantos otros– los efectos sociales de la crisis y que ha visto degradarse paulatinamente la calidad de vida de sus habitantes.

Hace un tiempo se supo de una situación, denunciada por padres y docentes, que se vivía en el liceo de Solymar Norte; amenazas, agresiones, inseguridad, eran la tónica de la vida liceal en una zona donde campeaba una suerte de violencia patoteril.

De acuerdo con lo que se ha informado por estos días, el joven que protagonizó el lamentable accidente venía siendo objeto de amenazas, muchas de las cuales se materializaron en agresiones físicas, según testimonio de la madre del liceal. Este antecedente en modo alguno puede justificar la decisión de llevar un arma al centro docente, pero explica en parte la actitud del joven, acosado por la violencia reinante. También es de destacar la responsabilidad familiar en el hecho: tres de los hermanos del chico revistan en el instituto policial y el arma pertenece a uno de ellos; ha habido, por lo menos, negligencia de los mayores, que no tomaron las precauciones del caso.

Pero en fin, más allá de las circunstancias y detalles del caso puntual, el suceso ha hecho emerger una realidad social que debe preocuparnos a todos pero sobre todo a las autoridades de la enseñanza y al propio gobierno.

¿Qué futuro podemos esperar? ¿Qué pautas de conducta tendrán estos niños de hoy cuando mañana sean adultos si se han formado en un clima de violencia y agresividad?

Y lo que es más preocupante aun es la respuesta del sistema: el juez de menores decretó que el niño sea internado en el Iname, como si la única solución que encuentra la sociedad sea la represión. ¿Reviste realmente peligrosidad el liceal condenado? ¿Fue objeto de una pericia psiquiátrica, se contó con el apoyo de asistentes sociales?

Al igual que en el caso de la joven madre sanducera enviada a prisión a raíz de la muerte por desnutrición de su beba de ocho meses, nos parece que la Justicia ha errado. No es con medidas represivas que se resuelve este tipo de problemas, sino con una acción social firme y eficiente.

Una acción que no se limite a entregar canastas de Inda o a incorporar nutrientes a la leche, sino que, además, apunte a una verdadera asistencia integral, capaz de promover valores y de hacerlos internalizar. *