En defensa de la salud reproductiva

Si insistimos en el tema es porque las declaraciones de monseñor Galimberti –analizadas con lucidez por nuestra compañera Isabel Villar el pasado jueves 8– insisten en estigmatizar, casi satanizar, a los partidarios de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Es absolutamente imprescindible que el Senado analice, discuta y finalmente apruebe la llamada Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, de manera que un hecho doloroso –como sin duda lo es un aborto– se vea desprovisto de esa aura maldita y sea asumido con responsabilidad por la pareja o la mujer que ha decidido interrumpir su embarazo, y con las máximas garantías sanitarias (quirúrgicas y psicológicas) para toda la población, no importa a qué estrato social pertenezca.

Las cifras que recuerda Isabel Villar en la columna citada (33 mil abortos por año en nuestro país) hablan a las claras del nulo efecto disuasorio que produce la incriminación del aborto. Es decir que a pesar de la prohibición legal y del castigo de privación de libertad previsto para la mujer y para el médico, el número de abortos, lejos de disminuir, ha aumentado, así como también han aumentado las muertes como consecuencia de su práctica clandestina y sin control de Salud Pública.

De esto no cabe otra conclusión como no sea que la perspectiva de sufrir una pena no desestimula a la mujer (o a la pareja) que ha resuelto interrumpir un embarazo.

Si tal es la realidad, ¿qué sentido tiene mantener la penalización? Evidentemente, la única razón de ser del castigo es la expiación de la culpa, una concepción por demás arcaica.

A diferencia de otras conductas tipificadas como delito en nuestro ordenamiento legal (como homicidio, estafa, hurto) nadie puede razonablemente afirmar que la práctica del aborto ofende a la sociedad del mismo modo que una rapiña o una violación. No creemos equivocarnos si sostenemos que la inmensa mayoría de la población entiende que la decisión de interrumpir un embarazo concierne exclusivamente a la mujer y eventualmente a su compañero. Salvo contadísimas excepciones, nadie que se entere de que una persona se ha practicado un aborto se siente indignada ni reclama que esa persona comparezca ante un tribunal de Justicia y sea condenada.

Debemos terminar con la hipocresía y con la prevalencia de prejuicios absurdos e inhumanos. Porque debemos reconocer que el castigo para quien ha decidido interrumpir un embarazo se basa en una mentalidad medieval que quiere que la mujer que «ha pecado» –es decir, que ha tenido trato carnal sin propósito de concebir– merece ser castigada; y el castigo consiste en hacerla cargar con ese hijo no deseado y hacerla asumir una responsabilidad que por alguna razón no está en condiciones de asumir.

No advierten, quienes adhieren a esta postura inmoral, que de ese modo se soslaya un hecho criminal: las inevitables consecuencias de todo orden que suele acarrear a la mujer, a su pareja y sobre todo a la criatura, la obligación de ser madre aunque no esté preparada para ello. Efectos materiales, morales y psicológicos que todos conocemos, incluidos quienes se oponen a la despenalización del aborto. *