Los piratas de "Palo y palo"

En los últimos dos años, buques pesqueros con bandera uruguaya han protagonizado una serie de graves incidentes en aguas internacionales. En setiembre de 2003 fue detenido por un patrullero australiano, luego de una impresionante persecución digna de una película de Hollywood, el barco «Viarsa I», por pescar ilegalmente merluza negra en una zona protegida. Esta situación generó un escándalo internacional que afectó gravemente la imagen de nuestro país, tensó relaciones diplomáticas y por sobre todas las cosas, puso bajo la lupa a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca.

La Dinara demostró claramente su ineficacia en ejercer los controles adecuados a este tipo de buques que a pesar de portar el pabellón nacional pertenecen a dudosas empresas extranjeras a las que Uruguay concede una verdadera «bandera de conveniencia», por un bajo monto, otorgándoles un permiso de pesca categoría «D» para pescar fuera de aguas jurisdiccionales uruguayas, aun constando que algunos de estos pesqueros se dedican al millonario negocio de la pesca ilegal.

La pasividad con la que actuó el gobierno nacional en este asunto y la falta de sanciones impuestas por la Dinara a este tipo de embarcaciones piratas ocasionaron que en enero de este año se volviera a perjudicar la imagen de nuestro país, al ser detenido por pesca ilegal en aguas jurisdiccionales australianas el buque «Maya V».

¿Por qué la Dinara con Yamandú Flangini a la cabeza, otorga la concesión de permisos de pesca categoría D a empresas pesqueras extranjeras de sospechosa reputación? ¿Por qué no se verificó que estos barcos que utilizaban nuestro pabellón cumplieran con la disposición legal que obliga a tripularlos con el 50% de uruguayos? ¿Por qué se permite que estos buques realicen actividades delictivas, amparados por nuestra legislación, cuando en realidad estos pesqueros no le dejan beneficios al país, ya que ni siquiera se aprovisionan o reparan en nuestros puertos? ¿Por qué la Dinara no hizo caso a las reiteradas advertencias del Sindicato Unico de Trabajadores del Mar y afines (Suntma) sobre la realización de actos de piratería por parte de este tipo de embarcaciones?

Lamentablemente, ahora la peor parte de esta situación la están padeciendo los marineros uruguayos integrantes de la tripulación del «Maya V» que debieron declararse culpables de utilizar sin autorización un barco de pesca en la Zona Pesquera Australiana. Estos compatriotas convinieron declararse culpables a pesar de ser inocentes, porque de esa forma la empresa naviera les pagaría los abogados, salarios atrasados y el viaje de retorno a nuestro país.

Los tres uruguayos que se negaron a declarase culpables quedaron sin defensa legal y completamente abandonados por la empresa pesquera.

Mientras los pescadores aceptan una culpabilidad que no tienen, la empresa pirata queda limpia de culpa y pena a pesar de ser la responsable del ilícito. Ante estas injusticias debemos preguntarnos: ¿Por qué el gobierno permite que se agreda injustamente el derecho de estos compatriotas? ¿Por qué la empresa naviera pagó la fianza al observador de la Dinara, Mario Andrés Morales, y al capitán del pesquero, Charles Thomas, mientras que la tripulación fue recluida en una cárcel de alta seguridad en Australia? ¿Por qué el observador de la Dinara no fue sometido a juicio alguno a pesar de ser acusado por la tripulación de tener conocimiento de las actividades ilícitas del pesquero?

El observador de la Dinara fue denunciado ante la prensa por la tripulación del pesquero por incumplir sus funciones de contralor, dedicarse a cazar especies protegidas y por estar «por dentro» de la piratería realizada por el «Maya V», las autoridades de la Dinara y el ministro de Agricultura y Pesca, Martín Aguirrezabala, lo defienden. Su defensa parece no estar basada en la capacidad técnica de este funcionario, difícilmente comprobable, sino más bien en el amiguismo político ya que Flangini, Mario Andrés y el ministro Aguirrezabala militan en las mismas filas partidarias.

Las denuncias sobre Mario Andrés no quedan allí. Los técnicos del MGAP afirmaron que su designación como observador «no fue realizada de acuerdo a criterios técnicos, sino que la misma fue hecha directamente por el director de Dinara, capitán de navío (r) Yamandú Flangini, y denunciaron que hasta el momento, el observador del «Maya V» «no ha presentado el informe técnico correspondiente» a pesar de que por supuesto ya habría cobrado sus viáticos. El ministro, su correligionario quincista, alegó que el observador  candidato en la Lista 152222 encabezada por García Pintos  había perdido su informe técnico y su computadora, que fueron arrojados al océano cuando el «Maya V» iba a ser detenido por autoridades australianas.

El diputado García Pintos ha abogado en el Parlamento por «defender el derecho a la pesca responsable» y definió a la figura del observador técnico a bordo de un pesquero como «la garantía de un fiel representante del Estado uruguayo».

En este caso lo único que queda claro es que Flangini, suplente de García Pintos en la Cámara de Diputados, no hizo nada por defender el derecho a la pesca responsable. Al contrario, designó a dedo a gente de «su confianza», y cuyo único mérito parece ser el de pertenecer a la agrupación política y a la brigada «Palo y Palo» del diputado García Pintos.

No se puede permitir que pescadores inocentes sean declarados culpables a causa de la ineficacia de las autoridades nacionales que hacen la vista gorda ante estas irregularidades. Los uruguayos no podemos seguir siendo rehenes de la ineptitud y la falta de transparencia con la que se maneja este gobierno en todos los ámbitos del acontecer nacional. *