Aborto: el Senado tiene la palabra

La semana que viene está previsto que la Cámara Alta reanude el estudio del proyecto de ley de defensa de la salud reproductiva, ya aprobado por la Cámara de Diputados.

Se trata de una norma que, como su nombre lo indica, apunta a llenar un vacío en un asunto de especial relevancia como sin duda lo es todo lo atinente a la vida sexual: planificación familiar, anticoncepción, prevención de enfermedades de transmisión sexual, de modo de brindar a hombres y mujeres todas las herramientas destinadas a practicar una sexualidad responsable. La propuesta va más allá de lo que vulgarmente se conoce como educación sexual pues establece, además, un papel protagónico a la asistencia estatal en la materia.

Como se advierte, no es una ley que meramente despenalice el aborto, sino que permite que se llegue a ese extremo cuando se han agotado las instancias anteriores y cuando responsablemente una mujer (o una pareja) ha resuelto interrumpir el embarazo siempre que la intervención quirúrgica se practique dentro de las doce semanas de gestación y no más allá de ese plazo. Es ya un lugar común señalar el nulo efecto disuasorio que suelen tener las penalizaciones cuando las mismas no reflejan la realidad social o no se adecuan a ella. Por eso, independientemente de cuestiones de orden científico o moral, hay una realidad insoslayable: la punición del aborto no sólo se ha mostrado ineficaz para evitarlo sino que instaló, en los hechos, una grosera discriminación.

Como ocurre en otros órdenes dentro del sistema capitalista –y muy especialmente en países subdesarrollados como el nuestro, con el agravante de una crisis sin precedentes–, con el aborto afloran las más sublevantes desigualdades. En efecto, mientras las mujeres pertenecientes a la clase acomodada tienen acceso a clínicas abortivas donde las condiciones de asepsia y la idoneidad de los técnicos ofrecen garantías totales, las integrantes de las capas bajas se ven obligadas a recurrir a «clínicas» donde la higiene y la solvencia profesional dejan mucho que desear. La sociedad espera de los senadores la responsabilidad y el coraje para aprobar esta norma. *