La paz aún no sellada

Como sucede con los problemas mal resueltos (que es como decir no resueltos), que cada tanto emergen a la superficie para hacer aflorar su incómoda presencia, el de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto, surge periódicamente para recordarnos que la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado –con la que se pretendió resolver el problema dando vuelta la página sin más trámite y echando un manto de olvido sobre el pasado– fue una pésima solución.

Lo fue porque consagró la impunidad, al barrer, de todos los delitos de lesa humanidad cometidos por los centuriones; y porque en los hechos tuvo el efecto de una amnistía innominada que amparó a delincuentes que no sólo no estaban condenados sino que ni siquiera prestaron declaración ante un tribunal de Justicia ordinaria. Y a pesar de que el artículo 4º de la mencionada norma –cuyo cumplimiento ha sido sistemáticamente eludido por los gobiernos democráticos– habilita investigaciones sobre el destino final de detenidos desaparecidos y sobre sustracción de bebés, la ley, en su letra y en su espíritu, impide que se sepa la verdad de lo ocurrido así como quiénes cometieron las atrocidades contra ciudadanos indefensos.

En tales condiciones, la herida jamás podrá cicatrizar. Muy otra habría sido la situación si los delincuentes uniformados señalados por miles de testimonios hubieran sido citados e indagados, aun con la garantía de que no serían encarcelados.

La valiosa tarea de la Comisión para la Paz permitió –aunque tímidamente– que se conocieran por lo menos de forma parcial algunos casos de desapariciones. Pero, evidentemente, no colmó las expectativas de la sociedad, que vio frustrado su más que humano anhelo de conocer la verdad.

La exhortación lanzada por el doctor Sanguinetti a poco de asumir su primer mandato de «no tener ojos en la nuca» hizo carne en la dirigencia política conservadora, que se afanó en internalizar en la conciencia colectiva el axioma de que toda forma de revisionismo implica reabrir heridas y significa una perniciosa atadura con el pasado. Se olvida –mejor dicho se oculta– otra sentencia no menos célebre que expresa que «los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetirlo».

También parece ignorarse el hecho de que, reiteramos, las heridas en el cuerpo social no cierran sino después que esa comunidad se ha enfrentado con la verdad; sólo entonces tiene sentido esperar que la paz sea sellada definitivamente. *