Más casos de desnutrición

En medio de los anuncios de reactivación económica lanzados por el gobierno y su equipo económico, una información proveniente del norte del país –concretamente Artigas y Paysandú– viene a empañar la exultante algarabía gubernamental: dos niñas –una de dos meses y otra de ocho– han muerto como consecuencia de desnutrición. Parece que en esos departamentos hay gente que todavía no se enteró de que la reactivación va viento en popa.

La dolorosa noticia cae como un balde de agua en medio de los pronósticos frívolamente optimistas, nos sacude y nos trae a la realidad. A una realidad que se ha instalado desde hace unos años haciendo que nuestro país se asemeje cada vez más al resto de América Latina.

El hecho de que se produzcan muertes por desnutrición era algo impensable en el Uruguay de las vacas gordas. Es cierto que en el próspero país batllista de mediados del siglo pasado también había pobreza y que ya existían cantegriles y pueblos de ratas, pero así y todo, había límites que no se rebasaban. No había desnutrición infantil, ni uruguayos obligados a comer de la basura, y podía afirmarse que «en este país nadie se muere de hambre».

Ocurre que ahora, el estrato que ocupa el nivel más bajo de la pirámide social ha crecido no sólo desde el punto de vista cuantitativo sino que, además, exhibe más carencias y padece más penurias que antes: son cualitativamente más pobres. Y para estos excluidos no solamente no hay trabajo: tampoco hay educación, ni atención sanitaria, ni esperanza. Porque detrás de los casos que últimamente nos conmueven, hay todo un contexto de desamparo que fomenta la ignorancia, el abandono y la pérdida de valores.

Uno de los casos de que se informó ayer revela de manera patética esta situación de deterioro material y moral a que hacemos referencia. En el caso de la beba de ocho meses fallecida en Paysandú como consecuencia de un cuadro agudo de desnutrición, la Justicia determinó, después de indagar a la madre, que ésta había omitido cumplir los deberes inherentes a la patria potestad. La joven mamá  de 22 años y con otros tres hijos de uno, tres y cuatro años  no cuidó debidamente de su hija menor.

¿Pero quién puede sensatamente responsabilizar a una mujer que a esa edad (22 años) ya es madre de cuatro criaturas y que vive o sobrevive en condiciones de extrema precariedad? ¿Qué conciencia moral puede haber desarrollado una persona marginada, excluida del crecimiento económico y de la educación? ¿Qué valores ha incorporado además de su innato instinto materno?

Resulta particularmente hipócrita acusar a esos padres y madres marginados de ser los responsables de la desnutrición de sus hijos, pues esas normas  como la que castiga el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad  están pensadas para quien ha recibido una cierta educación formal y ha incorporado valores y pautas socialmente aceptadas. ¿Es el caso de esta pobre mujer, que ahora deberá ir a prisión? ¿Será allí donde podrá incorporar valores y obtener los medios materiales para alimentar correctamente a su prole? ¿Quién de los gobernantes o de los miembros del «establishment» se considera con la suficiente autoridad moral para condenar tan severamente a esta infeliz?

El problema de esa madre no se resuelve solamente con canastas del INDA, ni con la generosidad a que apela una cierta campaña publicitaria ni con limosnas.

Es preciso que el gobierno asuma sus responsabilidades. *