La impunidad que se deriva del secreto bancario

De la lectura de los múltiples estudios elaborados en torno al secreto bancario, debe concluirse que fue consagrado con el sano propósito de resguardar las operaciones que realizan los particulares en la órbita financiera. Pero además, con la finalidad de proteger un orden económico que facilite el desenvolvimiento de los agentes, donde la meta es la estabilidad, transparencia y certeza del sistema. Como viene de verse, en la preservación de esa reserva contractual que liga a las instituciones de crédito con sus clientes, confluyen razones de interés público con valores éticos, que se movilizan en la esfera de toda persona física o jurídica como la intimidad, libertad y seguridad.

De manera que, congruente con este severo contexto en materia de confidencialidad, nuestra legislación ha dispuesto el bloqueo informativo sobre fondos o valores que aquellas tengan en cuenta corriente, depósito o por cualquier otro concepto.

Como es de conocimiento del lector, al margen de las sanciones administrativas que puede sufrir el funcionario incumplidor de ese deber de reserva, la ley lo castiga con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría. Corolario del imperio de tales reglas, es que la banca se rehúse a responder o informar ante los requerimientos de cualquier órgano del Estado, salvo que provenga mediante resolución fundada de la Justicia Penal o de Menores, si se relaciona con una obligación alimentaria.

Desdichadamente, los datos de la realidad vienen diciendo que se han desvirtuado los fines filosóficos en que se inscribe la legislación que legitima el silencio o la negativa del marco financiero en materia de información. Ello determina que el Parlamento deberá adecuar el secreto bancario al escenario en que se zambulle el nuevo siglo, dictando normas que precisen sus legítimos límites.

Por razones de Perogrullo, la gente no ve con buenos ojos que un principio con raigambre constitucional, pueda transformarse en una coartada, para que los delincuentes «de guante blanco», eludan el brazo de la ley y se enriquezcan ilícitamente sacrificando el patrimonio nacional. La voluntad del constituyente ha sido la de preservar la inviolabilidad de los papeles de los particulares y su correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie, evitando su registro, examen o interceptación, pero jamás que a la sombra de derecho individual tan trascendente, se oculten acciones o comportamientos reñidos con la legislación penal y preceptos del dominio civil, comercial o tributario.

Se comprende que no resulta fácil delimitar con exactitud la frontera entre la reserva absoluta que el circuito financiero brinda a sus clientes, y la necesidad de que la justicia actúe con rapidez, para evitar la tipificación de conductas dolosas o fraudulentas cobijadas en las garantías del deber de discreción. Pero a la luz de los avances sofisticados que ha tenido la delincuencia en la órbita privada y en el perímetro del propio Estado en la figura de la corrupción, es necesario dotar al Poder Judicial de los recursos materiales de que hoy carece, como asimismo del marco jurídico apropiado, para que los transgresores no gocen de los privilegios y subterfugios que dimanan de la riqueza económica.

Con motivo de los vaciamientos de bancos, estafas, defraudaciones, contrabandos, lavado de dinero y uso indebido del poder público, la ciudadanía está reclamando que el secreto bancario sólo comprenda los pasivos de las personas. Y por lo que visualiza diariamente, constata que a la cárcel sólo van los que no tienen bienes e ingresos para pagar los servicios de una buena defensa –aberrante desigualdad– que genera inevitablemente un clima de descreimiento en las instituciones.

Lo peor que le puede ocurrir a la democracia es que la gente pierda la fe en la Justicia y en el modelo republicano que le sirve de apoyo, porque llega a la triste conclusión de que los deberes y obligaciones que traza la Constitución con sentido igualitario, se desmoronan a la hora de la indagatoria o deslinde de responsabilidades. Por ello, todos los pasos que se den para que la impunidad no siga beneficiando a la «aristocracia delictiva», serán bien recibidos por una comunidad que necesita recuperar la confianza que la crisis de valores le ha quitado. *