¿Dónde está la justicia?

El procesamiento del ministro Ariel Alvarez, integrante del Tribunal de Cuentas en representación del Encuentro Progresista- Frente Amplio, es un hecho sin duda extraordinario que hace que a muchos de quienes transitamos la vida en tareas vinculadas a la política, se no encoja el corazón. Del pique decimos que es una flagrante injusticia con la que un Tribunal actuando «livianamente», en los hechos no hace otra cosa que consolidar al silencio ante el delito.

Quizás, desde el punto de vista jurídico, la sentencia esté ajustada a derecho y que Alvarez en una vehemente afirmación haya caído en uno de los extremos que marca la ley. Sin embargo, procesar a este militante de la verdad, quien ha encabezado la lucha contra la corrupción, es un hecho de una gravedad tal, que debemos, para comprender lo que decimos, analizar algunos aspectos de lo ocurrido.

Alvarez es un dignísimo militante de la izquierda, que ha tenido a su cargo infinidad de puestos de responsabilidad. Un hombre vehemente y puro, que desde cada cargo que se le ha encomendado, ha luchado contra la corrupción. Cuando fue designado en el Tribunal de Cuentas, se sabía que Alvarez no cambiaría su manera de ser y eso lo hemos podido comprobar en decenas de casos en que descorrió velos que ocultaban la verdad sobre «manejos» y «acomodos» que, ahora lo sabemos muchos, son moneda frecuente en la administración pública.

Leamos, para manejar un ejemplo, el último informe de la Auditoría Interna de la Nación, que detecta en el propio Ministerio de Transportes y Obras Públicas que la Dirección de Arquitectura compraba materiales al precio más alto, en algunos casos con una diferencia a favor del proveedor del 300 por ciento y que, en la misma repartición, había personajes que cobraban viáticos por viajes al Interior dos veces, figurando en dos lugares distintos del país al mismo tiempo.

¿De qué se trata, entonces? A esta realidad se debe sumar lo ocurrido con las modificaciones contractuales realizadas por ese propio Ministerio, que, en primera instancia, eran «ad-referéndum» del Tribunal de Cuentas, y que igualmente se concretaron, en una clara ilegalidad, pese a la opinión expresa del organismo de contralor. La Justicia en el marco de esta situación procesa a Alvarez por haber dicho una palabra fuerte, «acomodo», cuando la Secretaría de Estado encabezada por el ministro Cáceres ni siquiera se molestó en realizar descargos sobre lo que allí ocurre. Es un verdadero escándalo y una flagrante injusticia..

El procesamiento de Alvarez por protestar con vehemencia sobre este y otros hechos, muestra una desproporción de tal magnitud, que parecería que la justicia, además de ciega, actúa con una liviandad tal que sanciona al mensajero en lugar de profundizar en un bosque en el cual la fetidez de la corrupción aparece por todos lados.

¿Cómo es posible que nuestro ordenamiento legal posibilite que se castigue al denunciante de hechos aberrantes y, objetivamente, se desconozcan no solo las propias resoluciones del Tribunal de Cuentas, sino las investigaciones de la Auditoría Interna de la Nación, que dejan al descubierto hechos gravísimos, que deberían determinar procesamientos, indudablemente, de otra magnitud.

Por eso, quienes queremos que la sociedad uruguaya se consolide en el marco de la democracia, para lo cual es necesario que resplandezca la justicia, lo que está ocurriendo es más que negativo. Porque más allá de los vericuetos legales, hay un denunciante y un denunciado  el Ministerio de Transportes y Obras Públicas  que en documentos oficiales, como los dictámenes del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación, es responsable de hechos aberrantes en que se favorece a empresas y a funcionarios.

¿Nadie hará nada? ¿Será posible que las denuncias se estampen en blanco sobre negro y ningún juez investigue y actúe? *