¿Quiénes respaldan a Juan Carlos Blanco?

Como era de prever, las reacciones al nombramiento de Juan Carlos Blanco para un Tribunal Arbitral del Mercosur no se hicieron esperar.

Un documento publicado en la edición de ayer de LA REPUBLICA da cuenta de un severo proyecto de declaración formulado a la legislatura nacional por parte del diputado socialista Ariel Basteiro.

El texto no deja dudas acerca de cuáles son los elementos legales, doctrinarios y éticos de la declaración proyectada.

La redacción detallada de toda la biografía política del ex canciller de la dictadura demuestra la seriedad con que han sido estudiadas las peripecias de nuestro pueblo, desde el período de implantación del terrorismo de Estado hasta el período que se abrió en 1985, en la lucha, en plena democracia, contra la impunidad.

El legislador socialista argentino, que cuenta además con el apoyo de parlamentarios de otras formaciones políticas, peronistas, de la ARI y de Izquierda Unida, ha captado bien las implicancias de Juan Carlos Blanco con algunos de los peores crímenes del período de en el que se desarrollara el Plan Cóndor.

Desde el punto de vista del territorio en que se cometieron algunos de esos crímenes (asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz, Automotores Orletti) la preocupación de los legisladores argentinos tiene una legitimidad, digamos, nacional: la actuación de Blanco está ligada a delitos cometidos en territorio argentino, con la presumible complicidad de elementos argentinos.

Al mismo tiempo la naturaleza de las acusaciones que pesan sobre Blanco lo comprometen en delitos que no prescriben y que constituyen delitos contra la humanidad, lo que hace que su figura resulte más irritante a la legalidad argentina y del Mercosur para cuyo tribunal arbitral fue designado por el gobierno uruguayo.

Una última reflexión se impone.

Cualquier observador medianamente informado podía prever que en la Argentina de Kirchner, en el período en que tiene lugar una intensa recuperación de la memoria histórica y de lucha contra la impunidad, el nombramiento de Juan Carlos Blanco sería percibido, con toda justeza, como una provocación, como un acto de agravio gratuito a las orientaciones que hoy prevalecen no sólo en la Argentina sino en la mayoría de los países de la región, incluyendo al Brasil de Lula.

Una tendencia frecuente entre nosotros apunta a calificar como actos de ceguera política este tipo de nombramiento o de gesto político. Ceguera, obstinación, torpeza, presunta omnipotencia, de todo eso hay, está claro.

Sin embargo no le formularíamos al asunto todas las preguntas que deja en pie si no nos interrogáramos a nuestra vez sobre algunas cuestiones.

Por ejemplo, ¿quién impulsa esta medida diplomática de carácter provocativo?

¿Desde qué centro de influencia política o de poder se le brinda respaldo a Juan Carlos Blanco?

¿Acaso se trata de un político que tiene su propio prestigio, un dirigente que aún con un pensamiento de derecha cuenta con respaldo de votos populares, como lamentablemente los hay?

Las respuestas a estas interrogantes conducen a una hipótesis que, de confirmarse, resultaría inquietante. Inquietante no para el Frente Amplio, para las fuerzas progresistas o para el diario LA REPUBLICA sino inquietantes para la democracia uruguaya. La democracia así, a secas. Lo que algunos llaman la democracia formal.

¿Qué clase de legalidad institucional viviríamos si existen en forma no visible grupos políticos que desde el sistema presionan con éxito para promover el ascenso de individuos acusados y procesados por la Justicia por la comisión de delitos graves?

¿Por qué razón la presión, los intereses mafiosos y de casta de estos grupos se sobrepone al interés y al prestigio internacional del país?

¿Ellos también pueden jugar con eso?

Ya no se trata sólo de la vieja impunidad. Se trata del daño efectivo y simbólico que le hacen al país de ahora y al del futuro. *