La libertad, ¿un bien democrático?

No es para nada raro que los personajes esencialmente más autoritarios de nuestra sociedad, que en ocasiones apoyaron a las dictaduras militares en América Latina, sean hoy en su amplia mayoría un reflejo en espejo de los ultraliberales que nos gobiernan. Porque, en su raíz, el neoliberalismo asume que la libertad no puede ser un bien democrático.

Son, por ejemplo, quienes analizan el desarrollo económico del continente y sostienen que en Chile, para manejar un ejemplo cercano, su situación económica –que tuviera un carácter paradigmático para estos señores– es el resultado positivo de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet. Dicen que fue la que «encarriló» al país trasandino, concretando las reformas que otros fueron incapaces de realizar.

Claro, callan en público cuando se trata de analizar otras realidades, por ejemplo la uruguaya, pero sostienen en privado que durante el régimen de facto se debieron concretar algunas cosas (privatizaciones) que hoy ayudarían a que el país fuera «más abierto».

No en vano, lo decimos y entendemos, que hay algo para tener siempre presente; en esas apreciaciones hay un implícito cuestionamiento a algunos capitostes ultraliberales –por ejemplo, Alejandro Végh Villegas, que todavía se atreve a dar cátedra– que tuvieron durante la dictadura una actuación que, a la luz de los «pichones» que hoy manejan la economía, aparece como tibia.

Los de ahora se lamentan que toda la fuerza que pusieron los militares para reprimir a los sectores representativos de los intereses populares no sirvió para que paralelamente se concretaran las «reformas», que eran el motivo central de la estrategia del Departamento de Estado, imbuido en las decisiones del «Consenso de Washington», que entendía que la aplicación del modelo propuesto sólo era posible en el marco de una tiranía.

Las «reformas» determinaban una rápida marginación de grandes sectores de población que quedaban excluidos de la sociedad. Kissinger, el mentor de la estrategia de los golpes de Estado a lo largo y ancho de América Latina, entendía que era necesario que se conculcaran las libertades y se reprimiera a sangre y fuego a los pueblos, pues de lo contrario no se obtendrían los efectos buscados por los neolibeales.

Por ello diseñó un papel específico para que los ejércitos, munidos de la Doctrina de la Seguridad Nacional, ejercieran junto a civiles cómplices la totalidad del poder. Para Kissinger, el estallido social se convertiría en una alternativa correlativa a la aplicación de ese liberalismo económico. Por eso, en nombre de la libertad, se ordenó liquidar la democracia.

De aquellas lluvias a estos lodos. En pocas décadas la estrategia de estos ultraliberales cambió. Luego del desastre militar prefirieron integrarse en gobiernos de apariencia democrática, introduciendo a los países en el marco de una globalización financiera, que no hace más que estampar otro tipo de claudicaciones, como la pérdida de la soberanía y la aplicación, sin reparos, de políticas de exclusión social que, varias décadas atrás, llevaron a Kissinger a diseñar la política de los golpes de Estado.

Los uruguayos, que vivimos en el país del mundo que tiene la proporción mayor de ciudadanos fuera de sus fronteras, que por sí solo da cuenta de la profundidad de la crisis que sufrimos ante las alternativas impuestas por la misma ideología que siguió rampante, desarrollando una nueva estrategia. Utilizando ahora a civiles cómplices incrustados en los sectores de poder, especialmente en los ministerios de Economía.

Todo un proceso conducido por personajes similares, con parecidos basamentos ideológicos e idénticos intereses. Han logrado que a principios del nuevo siglo el país esté viviendo en la mayor tragedia de su historia, la que se visualiza en esas 700 mil personas que hoy se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, y el medio millón que busca insertarse en el exterior en sociedades que cada día aparecen como más hostiles. *