Una prioridad: los niños

El 30 de diciembre de 2003, el Parlamento Nacional aprobó una ley que extiende la Asignación Familiar a todos los hogares pobres con ingresos inferiores a 3 SMN, vetada en marzo de 2004 por el Poder Ejecutivo, diciendo que reglamentar leyes es de su competencia y no del PS como dice el proyecto.

Es clara entonces la voluntad política de extender la Asignación Familiar. Lo dijo el Parlamento y el Poder Ejecutivo, ya que el veto ha sido por cuestiones de competencia para reglamentar, porque sobre el fondo del tema hay acuerdo.

Excelente oportunidad para que ambos poderes den señales que encaran un problema prioritario para el país. Insistimos: tres millones y medio de dólares en Asignaciones Familiares fue lo que pagó el BPS de menos en 2003 comparado con 2002. Ello a pesar de que los beneficiarios aumentaron casi un 5%, prueba elocuente que la caída no tiene otra explicación que la pérdida del valor adquisitivo de la Asignación Familiar.

Son 200.000 aproximadamente los niños excluidos de la Asignación Familiar. Su inclusión significaría unos 16 millones de dólares anuales, cifra cercana al 2% de lo que el país paga de intereses anuales de la deuda externa, según lo manifestado por el economista Gabriel Lagomarsino. No es que estemos totalmente de acuerdo con el proyecto, porque entre otras cosas, deja en manos del Poder Ejecutivo la fecha de entrada en vigencia de las prestaciones, la que queda supeditada además, ¡a las disponibilidades de Tesorería y a los ingresos que se obtengan de las cuotapartes que le pertenecen en los Fondos de Recuperación Bancarios! Y agregamos de nuestra cosecha, condicionado a lo que los organismos internacionales estén dispuestos a aceptar. Porque tengamos en cuenta que éstos siguen exigiendo un porcentaje de superávit sobre el PBI previo al pago de intereses, con lo cual se dejan de lado entre otras cosas, inversiones en infraestructura y partidas como éstas, de amplia repercusión económica y social.

Mientras subsistan políticas impuestas desde el exterior, «se afectará el crecimiento económico con equidad. Las actuales características del sistema financiero internacional plantean contradicciones entre el desarrollo sostenido y su financiamiento» han dicho Lula y Kirchner en el reciente Acuerdo de Copacabana del 6 de marzo de 2004.

El Parlamento y el Poder Ejecutivo, fundamentalmente, tienen una buena oportunidad para dar un paso, digamos no de siete leguas, pero sí importante como señal de que los niños son prioritarios para el futuro de un país cada vez más envejecido, cada vez más despoblado. *