Agua: la sociedad civil movilizada

Ayer se celebró el Día Mundial del Agua, ocasión propicia en nuestro país para dar nuevo impulso a la campaña por un plebiscito que introduzca en la Constitución una cláusula que impide la privatización del líquido elemento.

Parece indiscutible ya a esta altura que los temas vinculados con el medio ambiente han adquirido una relevancia especial. El cuidado por no alterar el equilibrio ecológico, la lucha por la preservación del ambiente y contra la contaminación treparon al rango de políticas de Estado y ningún gobernante o dirigente puede soslayar estos aspectos. Desde hace unos años ha venido procesándose una paulatina toma de conciencia de la gravedad de los problemas medioambientales luego que las alertas lanzadas por militantes ecologistas dejaron de percibirse como preocupaciones pueriles o ingenuas. Los peligros para la vida a largo y mediano plazo en el planeta que entrañan la tala de bosques, las emisiones tóxicas de la actividad industrial, el despilfarro de recursos no renovables, se han convertido en certezas confirmadas por investigaciones científicas.

Entre estos peligros destaca particularmente el del agotamiento del agua potable en la Tierra. La unión de una molécula de oxígeno con dos de hidrógeno permitió que se desarrollara nada menos que la vida tal como la concebimos en nuestro planeta. Ese elemento vital, cuyo ciclo nos enseñaron en la escuela, no es sin embargo renovable, al punto que es común oír y leer el vaticinio de que las próximas guerras estallarán por el control de las reservas de agua potable. Es que el agua, ese maravilloso elemento que se mantiene en estado líquido entre los cero y cien grados centígrados, ha despertado la codicia de las transnacionales casi al mismo nivel que el petróleo, y el modelo económico liberal globalizado da luz verde a que particulares se adueñen de las reservas de agua superficiales o subterráneas como ocurre con los pozos petrolíferos.

Ante este panorama, y teniendo en cuenta la riqueza hídrica de nuestro territorio así como el hecho de que una de las mayores reservas de agua dulce del planeta –el Acuífero Guaraní– ocupa buena parte de nuestro subsuelo (y se halla íntegramente en territorio del Mercosur), un grupo de ciudadanos se constituyó en Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida. Esta organización civil se propone modificar la Constitución (en rigor, introducir una disposición en la Carta) para asegurar que las reservas naturales de agua potable con que cuenta el país sigan siendo patrimonio de la nación y no pasen a manos de particulares. Apelando a un recurso previsto en nuestra Lex Magna, la Cndav impulsa una iniciativa popular ante el presidente de la Asamblea General que deberá someterse a plebiscito en la próxima elección nacional.

La iniciativa ha contado, felizmente, con el beneplácito de una amplia mayoría de ciudadanos y de dirigentes políticos de todos los partidos, lo que permite augurar su éxito.

Frente a la voracidad de la empresa privada y de las multinacionales ávidas de emprendimientos redituables, es plausible y más que loable esta movilización de la sociedad civil en aras de preservar un recurso natural de las garras de los capitales sin patria, sin ley y con un desmedido afán de lucro.

Una vez más, la sociedad se moviliza con actitud militante en defensa del patrimonio y contra la previsible negligencia (¿o complicidad?) de gobernantes irresponsables o inescrupulosos. *