La impunidad: los gestos y las acciones concretas del sistema político

Nuestro país entra en un período de lucha electoral. Seguramente culminará con profundos cambios en el sistema político; en tanto ciudadanos, estaremos involucrados en las tareas propias de la lucha electoral. Los ciudadanos en la vida democrática debemos tener un papel fundamental, más allá de la participación electoral. Un cambio de sentido progresista –es bueno reconocerlo– estará cargado de expectativas y posibilidades.

Las campañas electorales están pobladas de gestos, propuestas y promesas. La instalación de un nuevo gobierno, con el que la izquierda sueña desde hace 33 años, necesita pasar de los gestos a la acción concreta.

Es muy amplia la gama de aspectos de la vida social, donde los ciudadanos tienen expectativas. Las hay en el imaginario individual de cada persona y también las hay en el imaginario colectivo. La acción de los ciudadanos en la vida social (sindicatos, partidos políticos, etc.), tiene como resultado que esas expectativas del imaginario individual se transformen muchas veces en parte constitutiva del imaginario colectivo. Esa transformación, para materializarse en los programas, las plataformas reivindicativas y demás, necesita de muchos esfuerzos en el tiempo.

Los gestos políticos previos a la decisión ciudadana son importantes pues éstas determinan a la hora de votar la decisión del ciudadano (si no, pregúntenselo a Aznar), y también siguen siendo fundamentales posteriormente pues la historia registra fracasos y frustraciones.

Hay gobiernos que llegan al poder sin grandes expectativas ciudadanas. Dentro de esa categoría, sin duda estuvo el gobierno de Néstor Kirchner.

La Argentina estuvo en el pasado reciente unida a nuestro destino a partir de la instalación del Plan Cóndor como instrumento del terrorismo de Estado transnacional. También lo estuvo más tarde, en las estrategias que, ya en democracia, se articularon para instalar la impunidad sobre aquel terrorismo.

Sin embargo, la lucha por terminar con la impunidad, ha tenido diferencias. Mientras que en Argentina la aplicación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final quedaron libradas al sistema judicial, en Uruguay, la aplicación de la Ley de Caducidad quedó librada a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Por esa razón, gobiernos blancos y colorados la aplicaron en forma arbitraria para proteger la impunidad de cualquier conducta delictiva del personal dictatorial.

Por esa razón en nuestro país, el gobierno que por convicciones propias, y porque así lo dictaminan sus compromisos internacionales, no apueste a la impunidad tiene la posibilidad de actuar a favor de la justicia, inclusive con la vigencia de la Ley de Caducidad. Dicho más claramente: la llave de la impunidad en Uruguay está en las manos de quien ejerce el gobierno. Un gobierno que no tenga en sus intenciones perpetuar a ultranza la impunidad, tiene la posibilidad de no ser obstáculo para la libre actuación de la justicia.

A nadie escapa la importancia que con relación a la impunidad de los delitos cometidos durante la pasada dictadura, tiene un cambio de gobierno.

Ese gobierno que seguramente regirá los destinos futuros del Uruguay y que históricamente se ha identificado con los reclamos del movimiento popular (dentro de los cuales está la lucha contra la impunidad), ¿actuará con igual discrecionalidad, como lo han hecho Sanguinetti, Lacalle y Batlle?

Es indiscutible que mientras se mantenga vigente la Ley de Caducidad, se respetará la existencia de ese instrumento en nuestro ordenamiento jurídico. También es indiscutible que los avances de la legislación humanitaria en el mundo no han impedido (salvo en nuestro país) que muchos delincuentes de uniforme estén presos o en camino de estarlo. Que Uruguay sea la excepción no es mérito de una ley mejor hecha sino de gobiernos cómplices con el terrorismo de Estado.

Una Ley de Caducidad destinada a evitar la acción punitiva contra militares o policías, por delitos cometidos por orden de los mandos entre el 27 de junio de 1973 y el 1° de marzo de 1985 y que no tengan motivos económicos, ha sido sistemática y arbitrariamente aplicada por blancos y colorados, sin que se sepan quiénes son los autores, sin que se conozca la orden de los mandos, los motivos, y amparando delitos cometidos luego del 1° de marzo de 1985. Debemos esperar que un gobierno de izquierda no haga lo mismo.

Las recientes resoluciones del congreso del FA establecen la necesidad de adecuar nuestra legislación a las obligaciones internacionales que cuestionan la existencia de la ley de impunidad. Y para eso no hay que perfeccionar la Ley de Caducidad, sino terminar con ella.

Dos últimos aspectos. Dentro de la Ley de Caducidad, el único aspecto que aparentemente apuntaría a preservar un derecho (el de la verdad), se plantea plebiscitarlo para saber si el pueblo está dispuesto a ir a fondo con ese derecho. Los derechos son para respetarse irrestrictamente. No es posible cumplirlos un «poco», o «a fondo» o «superficialmente».

Los derechos, según las concepciones más avanzadas, son inherentes al ser humano. Renunciar a ellos, cualquiera sea el mecanismo usado, es hipotecar la esencia del ser humano. No hay soberanía que obligue a nadie a renunciar a su materialización. Por eso, no es posible dar vuelta la página sin antes haberlos conquistado.

Otras recetas serán ocurrencias, gestos, que en nada contribuyen a dar mayor tensión a las reservas democráticas y del cambio, largamente atesorados por una lucha que tiene demasiados años y que se ha defendido aun sin existir en el horizonte las posibilidades de ser gobierno. *