Vázquez y la vigencia de los DDHH en Uruguay

De acuerdo a lo anunciado cuando dio comienzo la llamada gira «pueblo a pueblo», el Dr. Tabaré Vázquez acaba de formular una nueva propuesta para incorporar al debate público en el desarrollo de la campaña electoral.

Esta propuesta, de la que daba cuenta una jugosa entrevista realizada por los corresponsales de LA REPUBLICA que acompañan la gira, fue publicada ayer por el diario y se convirtió en el punto de partida de una serie de pronunciamientos políticos del mayor interés.

A partir de una pregunta acerca del valor que se asigna a la democracia directa y sobre qué gran preocupación nacional estaría dispuesto a promover una consulta popular, Tabaré Vázquez sostuvo que «le tendríamos que preguntar al pueblo uruguayo si está dispuesto a comprometerse en profundidad a desarrollar en su totalidad el tema de los derechos humanos. Cuando digo el tema de los derechos humanos, digo conocer el paradero de los ciudadanos uruguayos detenidos desaparecidos, menores y adultos. Saber no solo qué ha pasado con ellos, sino también dónde están sus cuerpos pero también el compromiso de que una vez superada esta instancia dar vuelta la página».

Preguntado luego acerca del si se trataría de una consulta sobre el artículo 4to de la Ley de Caducidad, el presidente del Frente Amplio-Encuentro Progresista respondió afirmativamente.

Sobre este aspecto más concreto y técnico de la cuestión se aferraron algunos dirigentes de los partidos tradicionales que alegaron que eso no era constitucionalmente realizable.

Lo patético de ese tramo del debate fueron las expresiones de hombres que han ocupado la presidencia de la República o que ocupan hoy el Ministerio de Defensa Nacional sosteniendo que la norma para investigar está, que es, justamente el artículo 4 de la Ley de Caducidad.

Por supuesto, les faltó decir –al ex presidente Lacalle y a las autoridades actuales– por qué no avanzaron ni un milímetro en el conocimiento de los hechos a partir de esa norma que ahora sostienen es tan eficaz para conocer los hechos del pasado.

¿Es que se hace necesario, una vez más, explicitar la interminable lista de denuncias confirmadas, algunas de las cuales, como la recuperación de la nieta de Juan Gelman, se procesaron después del pasaje de los blancos por el gobierno y su anodina gestión en materia de salvaguarda de los derechos humanos?

Es más, tanto blancos como colorados omitieron explicarle a la población por qué realizaron las presiones conocidas sobre los jueces Carlos Cavalli y Alejandro Recarey cuando el Poder Judicial, amparado en la Constitución de la República, intentaba por la vía jurisdiccional avanzar en el conocimiento de esos mismos hechos.

Asimismo omitieron hacer referencia a los magros resultados de las investigaciones realizadas por la Comisión para la Paz instalada por el Presidente Batlle.

Más allá de cualquier reduccionismo técnico ¿qué es lo que pone en evidencia la respuesta de Tabaré Vázquez a los cronistas de La República? Que entre los temas nacionales que importan está esa pesada herencia de la impunidad, la necesidad de restañar y superar las viejas heridas y que, una vez más, habría que darle la palabra al pueblo para que se pronunciara. Porque con todo derecho, la gente así como entre 1989 y el 2004 decidió cambios de partidos en el gobierno, cambios constitucionales en la forma de elegir presidente de la República y canceló leyes aprobadas en el Parlamento, como la de Ancap, tiene derecho a expresar –política, simbólicamente– su opinión acerca de una polémica ley aprobada diecisiete años atrás y que consagra decisiones que hoy compatibilizan mal con las normas internacionales y las decisiones que en la materia han adoptado los países de la región, incluso los más duros como Chile. *