Le deben una explicación a los ediles

Podemos meter la pata pero no la mano en la lata. Para todos los que repiten esa consigna que ya parece querer justificar lo imposible, sería bueno que los responsables en la IMM dieran respuesta rápida a algunas preguntas simples.

El Tribunal de Cuentas de la República emitió un dictamen contundente acerca de la imposibilidad de auditar, de controlar los estados financieros de la Unidad Ejecutora de Saneamiento especialmente sobre el destino de los fondos del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la Tercera Etapa que totalizan 140 millones de dólares.

Sin tratar de dar ante la opinión pública tantas explicaciones sin sentido, plagadas no de errores sino de mentiras en relación al destino de esos fondos, todos los responsables en la IMM especialmente el Ing. Lazo como el Dr. Pérez Piera o el Cr. Asti de Recursos Financieros deberían de responder simplemente a una sola pregunta ¿dónde está la plata?

De todo lo denunciado respecto al indebido manejo por parte de la Intendencia de Montevideo de los fondos del préstamo BID para el saneamiento hay pruebas que surgen de documentos públicos, como lo son el dictamen de Auditoría e Informe a la Administración del Tribunal de Cuentas de la República y la carta del intendente al Tribunal pidiéndole «de ser posible, tener a bien no tomar en consideración dichos estados contables a los efectos del dictamen técnico respectivo», «dado que no avalamos los estados contables presentados por la persona contratada por la Unidad Ejecutora de Saneamiento» (o sea, por la propia intendencia).

También entre la documentación, repito, pública, aquí no hay nada subjetivo ni secreto, consta la respuesta del Tribunal que con la firma de su presidente, el General Ramírez deja de manifiesto con precisión y claridad todo el proceso.

Allí se puede comprobar la secuencia de los tiempos; que la intendencia presentó su informe respecto a los gastos de 2002 el 17 de julio de 2003 y que luego de finalizada la tarea de los auditores, el 11 de setiembre la IMM tuvo la oportunidad de enmendar los errores al conocerse el preinforme de auditoría en una reunión entre los técnicos del Tribunal, los contadores auditores destacados en la intendencia y por la IMM «el director general del Departamento de Desarrollo Ambiental, Ing. Luis Lazo, la Contadora General de la Intendencia Municipal de Montevideo, contadora Graciela Ottonello y el director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento Ingeniero Carlos Colacce».

Responde asimismo el Tribunal de Cuentas que «los funcionarios de la IMM reconocieron los errores y la falta de controles que determinaban la emisión de un dictamen con abstención de opinión respecto a dichos estados financieros y por ese motivo se planteó la posibilidad de presentar nuevos estados financieros, corregidos de forma de salvar los cuestionamientos formulados. El 30 de setiembre se presentaron los Estados Financieros reformulados, que exigieron estudios y verificaciones adicionales que culminaron con el Informe de Auditoría que incluye Dictamen e informe a la Administración, que fue aprobado por el Tribunal de Cuentas».

Continúa esta respuesta a la carta del intendente Arana expresándole que en consecuencia no es posible dejar de tomar en consideración dichos estados financieros, «dado que fueron presentados por los mismos funcionarios que en oportunidades anteriores; porque durante el desarrollo de auditoría se dio intervención a jerarcas de esa intendencia lo que motivó la reformulación de los estados Financieros que fueron objeto de la auditoría ya realizada y sobre los cuales se emitió el correspondiente dictamen y porque el encargo de auditoría fue formulado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República».

No es cierto como dice el Dr. Pérez Piera nada menos que director de Jurídica de la IMM, que la auditoría fuera encargada por la Intendencia habiendo seleccionado, elegido al Tribunal de Cuentas «a piacere». No.

Este dictamen adverso del Tribunal es ajeno a ningún encargo que nunca existió por parte de la IMM, argumento que pretende confundir a la opinión pública haciéndole creer que la Intendencia buscó transparentar sus procedimientos cuando sucede exactamente lo contrario. Aquí no se arregla con el intento del Arq. Arana de «no avalar los estados contables presentados por «la persona contratada», que no se nombra, que dice el Ing. coronel Luis Lazo, Director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia que es una «contadora contratada por Higiene Ambiental» y según el intendente es «una persona de la Unidad Ejecutora de Saneamiento».

Esto se arregla con la verdad, diciendo dónde está la plata. Plata que es de todos nosotros porque entre todos la pagamos y pagaremos, plata a la que se agrega la recaudada por la excesiva tarifa de saneamiento que nos hace pagar dos veces no solamente el agua que se vuelca al saneamiento sino también el agua que tomamos o hasta la que usamos para regar las plantas o el pastito de la vereda que tanto interesa a la Intendencia que se mantenga prolija y nos multa por ello cuando es nuestra mientras no arregla las que le corresponden.

Dos precisiones más.

La primera es que de los cuatro modos que tiene el Tribunal de Cuentas de exponer un dictamen este es el que expresa la peor opinión del ente auditado ya que pone en evidencia que no se puede actuar porque el registro contable impidió totalmente llegar a conclusiones por lo que cabe preguntarse la razón de tanto descalabro cuando se tuvo por dos veces la oportunidad de presentar los números. Da derecho a presumir que no se muestra la plata porque ya no está o porque se destinó a otros fines que a los previstos.

La segunda que así como el Tribunal de Cuentas de la República es el garante de la legalidad de las cuentas públicas, la Junta Departamental de Montevideo es quien tiene la competencia constitucional de controlar al Ejecutivo o sea al intendente y sus directores.

Si no pudieron explicarle al Tribunal pueden y deben explicarlos a los ediles. Para ello los estaremos citando, sin que dejemos de recordarle al arquitecto Arana que el puede solicitar ser recibido por la Junta solo o acompañado por quien desee o estime necesario, desde Mario Areán (esto sucedió en el año 2002) hasta cualquiera de sus funcionarios o asesores que tendremos todos los ediles seguramente el gusto de escuchar sus argumentos.

Es hora de agregarle un par de signos de interrogación a esa consigna y que de aquí en más en lugar de tanta afirmación se pregunten: ¿Podemos meter la pata pero no la mano en la lata? Capaz que se asombran de la respuesta.

Bueno sería que Tabaré Vázquez antes de promocionar tanta auditoría para el futuro ejerciera la autoridad que dice tener para exigir la imprescindible auditoría en la IMM que le permitiera contestar «dónde está la plata». *