Los cometidos a los que el Estado no debe renunciar

En notas anteriores nos hemos referido a ciertos cometidos a los que el Estado no puede ni debe renunciar. No estamos hablando, obviamente, de la administración de Justicia o de la tarea policial, que parecen ser las únicas actividades que los neoliberales consienten en dejar en la órbita estatal. Hablamos de otras funciones que, como la educación y la atención sanitaria, revisten una inocultable importancia social, y jamás deberán dejarse libradas a las leyes del mercado.

La educación de los súbditos de una nación –dentro de la cual tiene primordial cabida la enseñanza– y una correcta cobertura sanitaria son dos de los fines del Estado que éste en modo alguno puede delegar en manos de particulares.

Naturalmente que no pretendemos con esto que el Estado sea el único que proporcione esos servicios y que se prohíba la actividad privada en ambos campos. Estamos diciendo que el Estado debe asumir (como lo ha hecho desde siempre) el diseño de políticas educativas y sanitarias, así como vigilar que los particulares que las desarrollen observen sus lineamientos generales; independientemente de su obligación de ofrecer enseñanza y atención sanitaria sin costo y de buen nivel.

Y pensamos que desde hace ya unos cuantos años  incluso desde antes de la dictadura  el Estado uruguayo fue desatendiendo paulatinamente estas dos funciones en la medida que los recortes presupuestales comprometían seriamente el cabal cumplimiento de estos cometidos.

En estos días, cuando la crisis del sistema mutual parece irreversible, surgen las voces de siempre proponiendo que sea el mercado (¡otra vez!) el encargado de regular el «negocio». Y no es lo mismo dejar que la ley de la oferta y la demanda determine el precio de los abrigos de piel, que dejar la salud de la población librada a esa misma ley.