Una paradoja para deshojar

Todos quieren investigar

Cuando escribimos estas líneas, en la tarde del lunes 11 de junio, en el país parece haberse configurado una situación ideada por el profesor Paradójico: las autoridades ministeriales, el vicepresidente de la República, el ciudadano cuyo nombre aparece mencionado en los presumarios de las oficinas que se ocupan del problema del tráfico de drogas, todos coinciden en la conveniencia de investigar, de hacer la realidad transparente, de mantener en el lugar debido el buen nombre de las personas que no han cometido ningún tipo de delito u omisión.

Todos entonces concordamos en la conveniencia de la investigación por las vías pertinentes y el personal correspondiente de las distintas dependencias del Estado: policías, fiscales y jueces.

Todos aunados en el común propósito de resolver el problema grave del blanqueo de capitales originados en el tráfico de drogas y en la necesidad de brindar a la sociedad las garantías de una acción estatal respetuosa de los derechos de las personas

Una acción de la autoridad pública, asimismo, respetuosa del principio republicano de la igualdad de derechos que ampara a todos los ciudadanos.

Pero, hete aquí que pese a la unanimidad declarada que clama por investigar –y es aquí donde los manes del Paradójico se hacen sentir– todos los pasos que se han dado en los últimos días apuntan a cerrarle el paso a las investigaciones.

Las decisiones adoptadas por las autoridades de gobierno no parecerían apuntados a mejorar las condiciones de investigación: destitución del director Nacional de Policía, desarticulación de la Brigada Antidroga en Maldonado, las únicas que permitirían aclarar, para el conjunto del país, todos los extremos de la situación que preocupa.

Mal se podría englobar el tramo actual de las incidencias en los efectos malignos de un supuesto complot, elaborado con cuidado y antelación, entre policías y periodistas de distintos medios, para perjudicar la reputación de un individuo y el semanario que dirige.

Es más, sólo la profundización de la investigación permitirá evidenciar la cuota de responsabilidades de cada actor en el episodio, incluso la de cada quien en la estrafalaria hipótesis del complot que, con tanta pasión y tan pocos argumentos, se denuncia.

El problema de la utilización de nuestro país como plataforma para el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico no es nuevo. Más de una vez, desde otros países, a través no sólo de la prensa sino de las autoridades administrativas, judiciales o, en el caso del Brasil, de su Congreso Nacional, se ha señalado a nuestro país, como una suerte de «paraíso» para los grupos mafiosos del exterior que –con el imprescindible apoyo local– le asignan a Uruguay esa función en la criminal secuencia del narcotráfico.

El constatado agravamiento del problema en todas sus aristas tiende a constituirse en una cuestión de importancia estratégica.

De ahí que la opinión pública tiene el derecho a estar debidamente al tanto de las decisiones estatales que procuran actuar en esa dirección de defensa de los intereses de nuestra sociedad.

En ese terreno, y hasta tanto no se generen ámbitos institucionales donde el tema quede exhaustivamente investigado, todo parece indicar la absoluta inconveniencia de ordenar –desde el Ministerio del Interior, pasando por encima de la acción de los fiscales que representan al ministerio público–, la detención de las investigaciones judiciales, descabezar el órgano ejecutivo especializado en la lucha contra el narcotráfico y disolver la Delegación Este de la Brigada Antidrogas.

Si la acción del grupo mafioso de los Di Tulio está probada, si efectivamente se comprueban compras y ventas de casas y tierras para «licuar» cuantiosos capitales de procedencia delictiva, a las autoridades no les cabe otra conducta que ejecutar, desde las dependencias correspondientes, las investigaciones que determinen si hay o no –y si las hay de quién– responsabilidad, complicidad o «vista gorda» de ciudadanos uruguayos que de un modo u otro se benefician de esas operaciones de blanqueo.

Nada más ni nada menos.

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