El desmantelamiento de la salud pública

Hace apenas unos meses el país atravesó una brutal crisis de la salud pública. Durante más de treinta días los trabajadores de ese ministerio llevaron adelante una huelga general que, no obstante la serena responsabilidad de los funcionarios, distorsionó severamente el funcionamiento de los servicios hospitalarios en los que atiende su salud la población con menos recursos.

La situación se ha deteriorado nuevamente y la responsabilidad del gobierno resulta innegable. Más allá de las cuestiones específicas de estos conflictos actuales, el gobierno, que tampoco ha sido efectivo en la mitigación de los problemas del mutualismo, ha incumplido todos sus compromisos y por ende resulta el responsable de la nueva situación crítica.

El retaceo de los recursos esenciales a la salud pública, que es idéntica a las restricciones presupuestales que el gobierno propina al conjunto de los funcionarios públicos, contrasta visiblemente con la diligencia y prodigalidad evidenciada en la asistencia multimillonaria brindada, sin tasa ni medida, al sistema financiero.

Así configurada, la línea de la conducción gubernamental se mueve dentro de los parámetros de la más pura ortodoxia neoliberal, con toda su carga de darwinismo social, de crueldad hacia la población más pobre.

Es la receta característica, incluso en los países más desarrolladas. Son conocidas las restricciones que el gobierno norteamericano ha impuesto en materia de recursos fiscales para todas las políticas sociales apuntadas a mitigar los efectos de las diferencias graves que existen en la distribución de la renta.

Una situación altamente significativa se vive en Francia. Como es sabido, en este país el neoliberalismo no ha conseguido imponer la totalidad de su «ortopedia deformante». Las resistencias de las organizaciones sociales y de izquierda habían permitido que hasta ahora se mantuvieran, aunque deterioradas, muchas de las conquistas sociales logradas en años anteriores bajo los gobiernos de izquierda.

Con el acceso a la primera magistratura de Jacques Chirac, la derecha ha recuperado terreno y los recortes del gasto público en el campo social se han agravado intensamente.

El verano pasado en Europa, sobre todo el mes de agosto, las altas temperaturas fueron la regla en la mayoría de los países. En Francia se desarrolló con particular severidad lo que la prensa ha llamado durante todo este tiempo la canícula: unas temperaturas inusuales que sorprendieron a la población que había permanecido en las grandes ciudades, especialmente en la capital.

El gobierno se desentendió de la crisis. El ministro de Salud respondió a la prensa desde un balneario elegante, restándole importancia al hecho. Al mismo tiempo, las autoridades policiales prohibieron la difusión de la estremecedora cuantía de los estragos sociales provocados por la ola de calor.

La labor de una comisión parlamentaria investigadora publicada el pasado jueves informa de que el número de personas que falleciera a causa de la insuficiente atención hospitalaria fue de casi quince mil personas en quince días.

Es una cifra monstruosa que viene a coincidir con los resultados de las estimaciones demográficas que indican para el año 2003 una caída en la esperanza de vida por el impacto de las muertes ocasionadas por la canícula.

Como la ha señalado la oposición y la prensa independiente, la gran mortandad no ha sido el resultado de una fatalidad sino que surge como responsabilidad de un elenco de gobierno neoliberal que ha desmantelado las instalaciones hospitalarias en aras de una reducción del déficit fiscal.

La responsabilidad del elenco ministerial las juzgará la ciudadanía francesa cuando le toque elegir, que será bien pronto por cierto. Queda en pie, también, un juicio de valor acerca de la inhumana frialdad de las políticas neoliberales que allí donde se aplican tienen siempre un desenlace lamentable para los más humildes. *