Sanguinetti: el pez por la boca muere

El doctor Julio María Sanguinetti en reciente reunión del denominado «Club de Madrid», efectuado en Washington hace algunas semanas, propuso que se reactivara un plan de refinanciación de la deuda externa de países de América Latina, como el aplicado en las décadas de los 80 y 90 en la región. Los motivos que inducen al ex presidente uruguayo es la «situación de sobreendeudamiento preocupante», por lo que los organismos financieros internacionales tendrían que «pensar en una solución tipo Plan Brady, que en su momento fue una salida para la región».

Esta iniciativa y propuesta del doctor Sanguinetti no hace otra cosa que reconocer que es necesario concurrir a una renegociación de la deuda externa y además, echa por tierra su temeraria expresión de «antipatriota», cuando el compañero Tabaré Vázquez se contactara con personalidades y gobiernos europeos, en nombre del Encuentro Progresista-Frente Amplio, para auscultar la voluntad de una posible renegociación profunda de la deuda uruguaya. Por eso lo de «el pez por la boca muere». Puedo comprender que el espetar tal calificativo debiérase a que el ex presidente estaba en plena campaña plebiscitaria, impulsando la papeleta celeste del NO por Ancap, a la cual jugó todos sus boletos, siendo derrotado por amplio margen.

Según los antecedentes que he revisado, de fines de la década del 80 y principios de la del 90, el tan mentado «Plan Brady», cuyo nombre responde a su proponente el entonces secretario del Tesoro de Estados Unidos, Nicholas A. Brady, no fue la panacea ni una solución trascendente para el endeudamiento de más de 7.000 millones de dólares que totalizaba la deuda externa uruguaya. Con el acuerdo que se firmara, el 31 de enero de 1991, con el Comité de bancos acreedores del Uruguay, apenas se logró una reducción de 633 millones, más allá de que el resultado real y neto en el alivio de las obligaciones alcanzó sólo a 190 millones de dólares, cifra insignificante con referencia a la deuda de 7.000 millones. Por la diferencia que surge de las cifras anteriores de aproximadamente 440 millones de dólares, se contrajeron nuevas deudas y se planificó la venta de reservas en oro.

En definitiva, se logró la extensión de los plazos de vencimientos y una considerable baja de intereses. En un trabajo realizado por César Failache en 1992 se decía: «El Plan Brady ha significado un paso en el reconocimiento de los banqueros de que la resolución del problema requerirá una postura diferente a la seguida hasta el presente. Las quitas aceptadas, si bien magras y tardías, así lo atestiguan.»

Estoy seguro de que el equipo económico que finalizó las tratativas de refinanciación, durante el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, hoy a la distancia reconocería que la aplicación del Plan Brady para nuestro país tuvo un resultado irrisorio. Una de las exigencias de dicho Plan era el de su tratamiento país por país, lo que originó que Argentina y Brasil lograran condiciones más ventajosas que la nuestra, a pesar de que el último había suspendido el pago de intereses hacía años.

Como fue insuficiente el «Plan Brady» también lo fue el «Plan Baker» en 1985, que solo se limitaba a reclamar a las entidades bancarias acreedoras una mayor flexibilidad con relación a los adeudos y a la concesión de nuevos créditos.

A la luz del estudio de las informaciones recogidas, queda claro que debo discrepar con el doctor Julio María Sanguinetti. La instrumentación de un nuevo «Plan Brady» sería rotundamente insuficiente, no solamente para Uruguay sino para el conjunto de América Latina. Pero además no sirve porque debemos intentar no quedar solos y sumar esfuerzos con los distintos países de América Latina, para lograr un acuerdo de solución que asegure, que el resultado de la negociación, no signifique pagar la deuda a costa de mayor hambre, más desempleo y menos bienestar para nuestros compatriotas. No podemos aceptar que para pagar el servicio de la deuda se continúe gravando los ingresos de los ciudadanos o al mismo tiempo reduciendo, a lo intolerable, los recursos destinados al sector de la sociedad con mayores problemas.

Llama también la atención el incremento desmesurado de la deuda externa bruta en el Uruguay en solo trece años. En 1991 estaba situada en algo más de 7.000 millones de dólares y hoy alcanza a casi 13.000 millones de dólares. Sin duda, las responsabilidades de los tres gobiernos posteriores, uno blanco y dos colorados, tienen mucho que ver con ese incremento.

Lo insólito aún está por verse. Hace pocos días se anunció por parte del ministro de Economía y Finanzas, contador Isaac Alfie, que se llegó a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en la cuarta revisión del Programa Stand-By de Uruguay, logrando habilitar nuevos fondos por 141 millones de dólares, que irían a «reforzar las reservas y cancelar diferentes préstamos que vencen este año». Sin duda, poco quedará para las reservas. Pero además, lograron postergar hasta 2005 el vencimiento de pagos por 343 millones de dólares que estaban fijados para 2004.

¿Qué significa esto? Que una vez más, este gobierno tira la pelota para adelante, comprometiendo al próximo gobierno en un aumento importante en el calendario de vencimientos de la deuda pública. A los 2.124 millones de dólares que se deben abonar en 2005, 1.589 por amortizaciones y 535 por intereses, habrá que agregarle los 343, haciendo un total de vencimientos por 2.467 millones de dólares.

Queda demostrada la incapacidad y quizás la imposibilidad material de poder cumplir y hacerse cargo de los compromisos asumidos para el presente año. Pero además, sacándose el sayo cualquiera negocia. *