Recuperar la confianza en las instituciones

El sistema judicial uruguayo –el Poder Judicial y el Ministerio Público– se ha visto conmocionado por los sumarios iniciados a dos de sus funcionarios. Uno de ellos es nada menos que el fiscal de Corte; y el otro, el juez letrado de Carmelo.

No es nuestra intención entrar en la polémica que ambas situaciones han generado, sobre todo la del doctor Peri Valdez, en la que se mezclan consideraciones de orden político-partidario. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre la pertinencia de las medidas dispuestas por los jerarcas correspondientes ni, mucho menos, sobre el fondo y las razones que llevaron a iniciar los procesos disciplinarios. Entendemos, por otra parte, que ambas medidas administrativas se han tomado en un todo de acuerdo con las potestades y facultades que la Constitución y las leyes otorgan tanto al ministro de Educación y Cultura como a la Suprema Corte de Justicia.

Tonto sería negar que el titular del Ministerio Público y procurador general de la Nación ha sido, desde su nombramiento en 1997, una figura discutida por sus decisiones y su estilo indudablemente polémicos. No obstante, nada puede señalarse –que empañe su solvencia profesional, su independencia técnica ni su honradez. Sobre el juez Carlos Colmenero, pesan acusaciones bastante más graves que las irregularidades administrativas que se imputan al fiscal de Corte, pero –insistimos– no tenemos elementos de juicio como para suscribirlas o desestimarlas. Aguardamos, por tanto, el resultado del proceso disciplinario dispuesto por la Suprema Corte de Justicia adhiriendo al principio de presunción de inocencia, es decir, en el entendido de que todo individuo se presume inocente hasta tanto no se demuestre su culpabilidad.

Esta premisa, un principio fundamental del derecho de las sociedades democráticas, debe estar siempre presente para no caer en prejuzgamientos peligrosos.

Ahora bien, lo que nos interesa destacar de estos dos hechos es que ambos han demostrado la saludable capacidad de la administración pública de indagar -en eso consiste un sumario- la veracidad o falsedad de las imputaciones hechas a un funcionario. La democracia -y especialmente la credibilidad del sistema- se ven fortalecidas cuando la sociedad advierte que se ponen en funcionamiento los mecanismos administrativos previstos en el ordenamiento jurídico en caso de denuncias o sospechas sobre el accionar de sus funcionarios.

Más allá de los resultados de las investigaciones en curso, la opinión pública debe percibir que el marco institucional que rige la sociedad es adecuado y, lo que es más importante aun, que las autoridades han optado por la transparencia frente al ocultamiento. Es positivo que la Suprema Corte de Justicia -en un proceso que viene dándose desde hace ya algún tiempo – se haya encaminado por la senda de la cristalinidad haciendo pública la marcha del trámite; que haya desechado aquella vieja costumbre de mantenerse al margen de la sociedad y sin comunicación con ella, como si los magistrados conformaran un estamento especial que les impidiera estar en contacto con la comunidad.

Por eso reiteramos que, independientemente de las conclusiones a que arriben los sumarios, y de sus efectos, es buena cosa que la gente conozca la marcha de os trámites como forma de recuperar la confianza en las instituciones. *