Sobre inflación y astringencia

El mantener el secreto, multiplicar el criterio de lo «reservado», el no informar, son elementos a que nos tienen acostumbrados los protagonistas de la política económica del país. Nunca se explicita qué tipo de «cangrejo» hay debajo de una piedra ni las razones de un perfil de medidas o de algunos drásticos recortes presupuestales que primero se realizan y luego se niegan.

Ahora nos enteramos de que, como contrapartida del éxito de la temporada turística –que produjo el ingreso de muchos millones de dólares y que, además, parte de ese monto se distribuyó entre los asalariados, contribuyendo a una mejoría del nivel de compra en el alicaído mercado interno– el Banco Central del Uruguay adoptó una medida que buscará aplacar el efecto positivo. El viernes 20 del corriente anunció que continuará con la política monetaria contractiva, reduciendo la base monetaria de $ 14.500 a $ 13.950 millones. Indicó –repitiendo lo establecido en el «manual» fondomonetarista– que esa decisión se adoptó para mantener la inflación dentro del rango previsto de entre 7% y 9% fijado como «objetivo» para este año.

Nuevamente el error de apreciación. En una sociedad empobrecida, con buena parte del aparato industrial paralizado, con caída de las importaciones, ¿realmente creen los técnicos del Banco Central que esa variación negativa de la base monetaria por el ingreso de las divisas del turismo, puede desatar un proceso inflacionario? Entonces, ¿cómo piensan que es posible reactivar la economía?

Si la base monetaria es menor a las necesidades de la economía en su conjunto, como viene sucediendo en Uruguay desde hace un tiempo, concretamente luego de la brutal crisis de 2002, el efecto que se produce es el de la destrucción de riqueza. Para ser más claros, si la población no tiene capacidad para comprar la producción de pan que se concreta en Montevideo, se producen dos efectos: algunas panaderías deben bajar su producción, achicando insumos y despidiendo personal. Otros comercios, en una situación peor, clausuran su actividad.

Sin embargo, al agrandarse la base monetaria, fenómeno que puede ser ocasionado por distintas razones, en este caso por una mejoría de algunos rubros exportables y, fundamentalmente, por el turismo, se produce un fenómeno inverso que –hay que tenerlo bien claro– no es el basamento fundamental del pico inflacionario que se registró en los primeros meses de este año. (2,9% en enero)

Influyeron en la aceleración de ese ritmo alcista los incrementos que se aplicaron en las tarifas públicas que, cuando se concrete el nuevo aumento de abril –tal como tiene acordado el gobierno con el FMI– seguramente se reiterará.

Lo preocupante de la aplicación de esa política astringente es la concepción del gobierno de que la única forma de evitar algunos fenómenos que se producen en la economía es aplastar el poder de compra, en este caso, secando la plaza de circulante. La medida, tomada con una visión parcial de lo que es un camino a la reactivación productiva, muestra que el gobierno no sólo le tiene miedo al progreso sino que, además, reitera implacablemente el empobrecimiento económico, en el camino pro cíclico elegido, como forma de mantener ajustadas algunas variables.

Por eso decimos que hay que tener en claro lo que ocurre y tratar de identificar a cada uno de los «cangrejos» que, bajo las piedras, quieren mantenerse ocultos. No sea cosa que, por ahí, haya alguna norma que establezca una nueva contribución al sistema financiero, por ejemplo de 500 millones de dólares, y que un día se descubra que los «recortes» que se realizan en el Presupuesto, por decisión del ministro de Economía, un día u otro sean destinados a ese fin.

Estemos vigilantes. *