Los costos de la reactivación

A pesar del paréntesis impuesto a la actividad general –y particularmente a la actividad política– por el feriado de Carnaval, dos temas siguen acaparando la atención de los medios. Y ambos se vinculan nada menos que con la inversión y la consiguiente (y ansiosamente esperada) reactivación de la economía.

La instalación de una planta de procesamiento de la madera para transformarla en papel, en las cercanías de Fray Bentos, no cesa de alimentar una polémica que desde hace un tiempo ha trascendido fronteras y se ha convertido en motivo de controversia internacional. No nos corresponde a nosotros erigirnos en jueces y dictaminar si la razón asiste a los movimientos ecologistas y a las autoridades entrerrianas que se oponen con firmeza al proyecto por sus efectos contaminantes o si, por el contrario, la planta resultará inocua y la posible –y mínima– contaminación se verá ampliamente compensada por la generación de fuentes de trabajo en una región del país especialmente castigada por la desocupación.

De acuerdo con datos divulgados por una empresa encuestadora, una aplastante mayoría de fraybentinos (alrededor de ochenta por ciento) se muestra favorable a la apertura de una empresa que dará vigor a la zona y creará cerca de 300 puestos fijos de trabajo, cifra que se multiplica por diez en cuanto a los empleos indirectos que demandará la actividad de la planta de celulosa.

Sin embargo, también son atendibles los argumentos de grupos ambientalistas, contrarios a la presencia de una industria especialmente contaminante. Aparentemente, el vertido de agentes químicos –como el cloro– necesarios en el proceso industrial de blanqueo de la celulosa pone en serio riesgo la pureza de las aguas del río. Pero más allá de este inconveniente que la empresa española parece estar en condiciones de subsanar mediante el uso de otros productos de reducida toxicidad, existiría la casi certeza de contaminación atmosférica así como una presencia permanente de efluvios nauseabundos que afectarían directamente la calidad de vida de los pobladores y atentarían contra el desarrollo del turismo en la región, notoriamente el balneario Las Cañas.

Todo radica en sopesar cuidadosamente los pro y los contra que tiene el emprendimiento proyectado y valorar si el costo a pagar por la creación de fuentes laborales es demasiado alto o no.

En el otro extremo del país, la concesión para la explotación de un puerto maderero en La Paloma también ha sucitado una ruidosa polémica. Pero a diferencia del emprendimiento de M’Bopicuá, la oposición a la iniciativa del MTOP –tanto a nivel nacional como departamental– ha venido cobrando vigor y concita una casi unanimidad. En este caso, más allá del impacto ambiental (que conspira directamente contra la industria turística en una región particularmente apta para el turismo y de larga trayectoria en la materia), la obra proyectada merece serios reparos en cuanto al plazo de la concesión y a otros aspectos –ajenos a la contaminación– que el gobierno debe evaluar con responsabilidad.

Entendemos que las inversiones deben ser bienvenidas. Pero no debemos, en aras de una reactivación que todos anhelamos, pagar costos demasiado altos que signifiquen hipotecar el futuro del país y de su gente. *