¿A quién le puede servir el default?

El gobierno, con la colaboración del Fondo Monetario Internacional (FMI), sigue traspasando las obligaciones de la deuda externa para el futuro, luego de pedirle un esfuerzo descomunal a la población y al propio Estado, cuyo presupuesto fue recortado «con tijera gruesa» por todos lados. El caso de los entes de la enseñanza es bien claro y de tal magnitud la reducción de partidas que hasta las autoridades de esos organismos, muchos ellos correligionarios políticos de los gobernantes, están reclamando una mayor consideración.

Pero, en primera instancia, detengámonos ante el esfuerzo que se ha reclamado para lograr el superávit previo del 3,5% acordado con el FMI, pese a los ajustes reiterados, a la pobreza generalizada que determinan los recortes que realiza el Ministerio de Economía sobre las partidas presupuestales aprobadas oportunamente por el Parlamento. Un esfuerzo ciclópeo, concretado en un país en donde se sigue con el mecanismo de las medidas pro cíclicas, sin que se entienda que para que se reactive la economía –que no parece ser un objetivo del gobierno– es necesario invertir para otorgarle mayor poder de compra al mercado interno.

Sin embargo, pese a esos recortes, no fue posible llegar a ese superávit previo reclamado, pese a lo cual algunas autoridades económicas haciendo gala de un optimismo fantasioso propio de año electoral, baten palmas y dicen que el país está en el mejor camino. Si estos señores recorrieran el país y no vivieran mirando los folletos de viaje que los llevan, generalmente, a Washington, podrían darse cuenta de cuál es la realidad que se vive, que es muy distinta a la del «globo» que esta temporada ha provocado el turismo como consecuencia de la incidencia de los precios relativos.

Debemos reconocer que el importante ingreso de turistas determinará la mejoría de algunos sectores de la población, pese a que los asalariados se llevarán la peor tajada de lo recaudado. Sin embargo esa virtual y corta bonanza, ya se está sintiendo en algunos sectores que comenzaron a mostrar una mejor situación pese a lo cual –como todos sabemos– es muy difícil que se comience a remontar la brutal destrucción de riqueza que tuvo su punto más álgido durante la crisis de 2002, pero que venía produciéndose a un ritmo menor pero altamente dañino para el trabajo nacional, desde la devaluación brasileña en el año 1998.

Por eso –y bien lo saben quienes estudian nuestra realidad económica– la resolución del FMI de otorgar un préstamo de 150 millones de dólares para Educación y Salud (quién sabe si ese dinero entra efectivamente; ¿qué huecos irá a cubrir por decisión de Economía y Finanzas?) y además postergar los vencimientos de este año que deberán ser cubiertos el próximo, son dos medidas que tienen un «tufillo» algo extraño, especialmente –repetimos– cuando estamos a pocos meses de las elecciones nacionales.

¿Es habitual tanta buena voluntad de este organismo multinacional de crédito? Más allá de la desconfianza que ello genera, es dable también decir que a ninguno de los involucrados en el proceso económico uruguayo le conviene que el país tarde o temprano entre en default, lo contrario sería demostrar una enorme irresponsabilidad. Por eso es preocupante la actual situación en que el Ministerio de Economía, sin base legal que lo autorice, modifique las partidas, ordene por nota reducciones en gastos e inversiones y además, para colmo de la hipocresía, niegue esos hechos pese a que los responsables –como en el caso de la enseñanza– reclaman un mínimo de presupuesto para que el próximo marzo se puedan reanudar las clases con un mínimo de decoro. *