La reforma del Estado

Todo el mundo está seguramente de acuerdo en que hoy el Estado no está en condiciones de cumplir con las exigencias de la sociedad, en que por lo tanto sufre una crisis y en que es necesario reformarlo.

Pero existen diferencias importantes acerca de la naturaleza de la crisis y, naturalmente, acerca de las medidas necesarias para hacerle frente.

Para unos se trataría de un problema fundamentalmente técnico, al que se haría frente con medidas administrativas tendientes a aumentar la eficiencia de la organización y de la burocracia estatal, que no afectaría básicamente el proyecto político y el modelo de desarrollo económico vigente, ni la distribución del poder político

Para otros, lo que está en crisis es el modelo de desarrollo y las reglas básicas del juego político, que han venido prevaleciendo, lo cual hace necesaria una reforma total del estado y una nueva distribución del poder en la sociedad.

Es aquí donde surgen diferencias de opinión, diferencias no solo en cuanto a las soluciones apropiadas sino, lo que es más fundamental, acerca de la naturaleza del problema, o sea que no es que a este planteamiento de crisis se le den distintas respuestas, sino que se le formulen distintas preguntas.

Esto lo debemos tener siempre presente porque muchos se apresuran a pedir soluciones concretas, rápidas y viables, como si los problemas estuvieran claramente diagnosticados y consideran una pérdida de tiempo detenerse a discutir sobre la naturaleza de la crisis, cuando es lógico suponer que el progreso social y las reformas necesarias pueden depender más del tipo de preguntas y de la forma que se plantean, que de la manera que son respondidas; y que si es importante hallar soluciones adecuadas, más aun lo es plantear concretamente los problemas y en especial no perder el tiempo con problemas falsos o mal planteados.

Discutir la naturaleza de la crisis, evaluar el funcionamiento y la participación del Estado en el quehacer nacional, no son ejercicios académicos sin valor práctico, sino condición necesaria o suficiente para plantearnos una seria reforma de nuestro sistema, que conforme la inquietud ciudadana. Con este planteamiento, se trata ante todo de afirmar una democracia estable y viable, lo cual significa por una parte crear mecanismos capaces de evitar que el gobierno democrático se vea comprometido a instaurar un sistema populista de conciliación, buscando acuerdos con grupos ajenos a nuestro tradicional estilo de vida, que solo le permiten, en el mejor de los casos, posponer la crisis que se atraviesa, sin dar soluciones a las dificultades permanentes para su funcionamiento.

Se trata, además, de extender progresivamente la democracia, haciéndola más participativa, tanto en la esfera política como en la económica y en la social. En lo político, se debe aspirar a una participación directa y creciente de los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones públicas.

En lo económico y en lo social, es deseable una incorporación progresiva de la mayoría de la población a los beneficios del desarrollo y una continua disminución de las desigualdades existentes. Esto supone, lógicamente, un modelo de desarrollo que haga posible simultáneamente el crecimiento y la distribución, sin sacrificar uno a costa del otro, y en el que el Estado asuma un papel clave como impulsor del crecimiento económico y como redistribuidor de sus beneficios de acuerdo a criterios de justicia.

Finalmente, otro objetivo es garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y que éstos cuenten con recursos efectivos para hacerlos valer.

Dentro de todo este esquema debemos ubicar al individuo en el primer plano de la consideración política, económica y social, que los partidos con ideas foráneas en nuestro país y en el mundo le intentan quitar.

Este es el lógico corolario de una revolución justa que con un enorme deseo de libertad se propone dignificar al ser humano. *