Enseñanza pública, la eterna postergada

Se viene denunciando desde hace unos días que la enseñanza pública enfrenta severas dificultades económicas que hacen peligrar el normal comienzo y posterior desarrollo del año lectivo 2004.

El crecimiento exponencial de la matrícula tanto en la Enseñanza Primaria como en los institutos dependientes del Consejo de Secundaria (debido fundamentalmente al ingreso al sistema público de jóvenes provenientes de institutos privados) no está acompañado del necesario aumento de la infraestructura correspondiente para brindar un servicio que, como el educativo, es una de las prioridades de cualquier gobierno. Especialmente del gobierno actual, que tan entusiastamente anunció su propósito de invertir en educación por considerar que era esa la mejor apuesta al futuro.

Resulta irónico –e irritante– comparar los pomposos anuncios gubernamentales de comienzos de 2000 con la triste realidad de nuestra enseñanza pública. Sólo como ejemplo, vale la pena recordar que el personal administrativo y de servicios de que dispone Secundaria se redujo en más de treinta por ciento en el último decenio mientras creció el número de estudiantes así como la cantidad de liceos.

Los drásticos recortes presupuestales han venido conduciendo a la enseñanza pública hacia un deterioro de consecuencias impredecibles. Lo hemos sostenido y reiterado en estas páginas: la avaricia gubernamental y la insensibilidad de la clase dirigente hacen que los grupos liceales estén superpoblados, que los docentes perciban estipendios casi indecorosos y se vean obligados a complementar sus ingresos a costa de su salud, y que no haya suficiente personal administrativo y de servicios.

Pues bien, el panorama que se ofrece este año cuando faltan pocos días para el comienzo de las clases es por demás desalentador. Los gremios de docentes, de maestros y profesores, y los de funcionarios, han lanzado la voz de alerta ante la difícil situación de esas dos ramas de la enseñanza pública en razón de la falta de recursos. A pesar de ser una realidad recurrente que se verifica año a año, la situación actual de la enseñanza pública ha llegado a tal extremo que nada menos que el Banco Interamericano de Desarrollo creyó del caso intervenir ante las autoridades a los efectos de expresar su preocupación por los recortes que el Ministerio de Economía y Finanzas aplica a los rubros para educación.

En su afán por reducir el gasto público, el equipo económico se ha excedido y merece la observación del organismo internacional por las restricciones presupuestales que reducen el nivel de inversión del país en los programas sociales. Según un informe publicado en El Observador del sábado 21, para alcanzar los niveles de ejecución necesarios para cumplir con los compromisos, la ANEP necesita algo más de treinta millones de dólares, pero el MEF resolvió otorgar solamente quince; menos de la mitad.

La educación pública viene sufriendo un proceso de deterioro debido a la mezquindad presupuestal de los sucesivos gobiernos, amén del diseño de políticas educativas polémicas o francamente erradas. Ese proceso arranca durante el pachecato, con los groseros ataques a la autonomía de los entes de la enseñanza; prosiguió luego con la Ley de Educación General –o Ley Sanguinetti– que dio marco jurídico a ese avasallamiento; y se profundizó durante el gobierno cívico-militar. Los gobiernos democráticos posteriores poco y nada hicieron por revertir la situación, y es así que llegamos a la triste realidad de hoy.

Como hemos dicho más de una vez, la enseñanza pública –y la educación en general– constituyen un problema de vital importancia para el desarrollo del país y merecen un debate nacional que deberá instalar el próximo gobierno. *