Polémica que nos debemos

Es lamentable comprobar el desapego que existe en el país por la legalidad y, además, el sentido «clasista» que sigue imperando para la sanción del delito, de la que no está alejada   por supuesto   la idiosincrasia de los uruguayos, toda una formación cultural prejuiciosa y, en algunos casos, cruelmente injusta.

El Tribunal de Cuentas de la República, para poner un ejemplo relevante, tiene una tarea fundamental para un país organizado: nada menos que analizar las cuentas públicas, revisar gastos, estudiar balances de los organismos del Estado, ajustando todo a las normas públicas contenidas en los gruesos tomos del Tocaf. Una tarea claramente ciclópea pero que, por distintas razones, no puede culminar con consecuencias para quienes cometen transgresiones, porque el Parlamento tiene como norma no analizar ninguna de esas sentencias, muchas de ellas graves y otras de menor entidad, pero todas vinculadas al buen funcionamiento de las finanzas del Estado.

¿Esto es posible en un Estado de derecho? ¿Es aceptable que un organismo público, como en muchos casos ha detectado el propio Tribunal de Cuentas, eleve para su consideración balances «maquillados»? Y ello ha ocurrido, por ejemplo, con el propio Banco Central y ni hablar de Ancap, que pierde (o consolida) en el fárrago de números que presenta lo que está ocurriendo en las 18 empresas que funcionan bajo el régimen privado, de la que es dueña y socia.

Cualquier atento lector –y más un estudioso de finanzas públicas tanto uruguayo como extranjero– llegará a la conclusión de que lo que está pasando en el país es una enormidad sobre la que hay una protesta persistente pero casi solitaria, la voz del ministro Ariel Alvarez, que ha reiterado infinita cantidad de veces la gravedad de que el presidente de la Asamblea General minimice la situación y tenga en un archivo más de 16 mil expedientes que debieran haber pasado a consideración parlamentaria.

Eso por un lado. Pero existen más temas que muestran transgresiones impresionantes como, por ejemplo, los recortes presupuestales que por decisión del propio Ministerio de Economía se realizan en toda la administración pública, transgrediendo lo dispuesto por la ley de presupuesto. ¿Para qué el Parlamento se enfrasca en discutir y aprobar cuánto se asignará a cada sector, a la enseñanza, a la defensa nacional, a la investigación científica, a los organismos públicos de la más diferente condición, a las tareas de asistencia social, si después lo que llega de dinero, cuando es que llega, difiere totalmente de lo resuelto?

Esta anomalía, gravísima en un país organizado y democrático, parecería que no se tiene en cuenta en ninguna oportunidad, aunque la misma signifique un descaecimiento más que significativo de las instituciones. Ahora se discute la situación del propio Presidente de la República, de alguno de sus ministros y del Banco Central, que habrían violentado a la propia Constitución de la República, cuando durante la crisis financiera del año 2002, adoptaron medidas expresamente prohibidas, favoreciendo a grupos económicos que, además, se llevaron los dineros que se les entregaba. Recordemos para el caso, por ejemplo, las órdenes verbales con que Bensión, hoy usufructuando un importante contrato del BID, retiró fondos de la Tesorería de la Nación, para seguir apuntalando a bancos que, igualmente, se cayeron.

Por eso hablamos del desapego que tiene nuestra sociedad y, fundamentalmente, parte del sector político, de la legalidad, como elemento fundamental para el funcionamiento adecuado de las instituciones y, por supuesto, del país.

Parecería más importante y prioritario preservar la seguridad jaqueada por quienes han caído, como consecuencia de la miseria, en el delito. Pero todas esas otras transgresiones, muchas de ellas que están en la base misma de la crisis que todos sufrimos y que son responsables de la inseguridad, ¿no son punibles?

Es una polémica que todos nos debemos. *