La Paloma y la ausencia de una política de puertos

Con motivo del 56º Aniversario del Sindicato Unico de la Administración Nacional de Puertos se presentó un documento que resume el planteo de los trabajadores, tanto sobre la perspectiva de la ANP como sobre la necesidad de una política de puertos.

Una afirmación contundente de dicho trabajo expresa:

«Diversos hechos, incluso algunos muy recientes, nos permiten afirmar que en nuestro país no existe una política nacional de puertos y las acciones del Poder Ejecutivo han sido erráticas y muchas veces oscuras, en el sentido de no apoyarse en una estrategia de desarrollo portuario.»

El mandato legal al Poder Ejecutivo le ordena establecer una política portuaria y el control de su ejecución , pero «se está cumpliendo mal, ya que en lugar de establecer una política clara, enmarcada dentro de una política más general de transporte, dentro de otra de desarrollo económico y social, se realizan acciones dispersas de posibles oportunidades a pedido».

Es notoria «la falta de armonía de las acciones que se toman en materia portuaria con las de transporte» …el fomento de la inversión forestal, por un lado, va a contramano con la destrucción del sistema ferroviario, por otro. Se sale hoy, casi a la desbandada a licitar vías férreas por haber permitido que el sistema ferroviario se volviera obsoleto, cuando el fomento de la forestación hubiera requerido tomar las acciones necesarias y complementarias en el sistema de transporte».

Esto se ve con claridad tanto en el caso de Nueva Palmira como en lo atinente a La Paloma, el tendido de ramales ferroviarios, relativamente cortos, permitirían enlazar zonas y facilitar el transporte para el traslado de la producción, ahora quieren ser sustituidos con el desgaste de carreteras e inversiones viales, que serán de costo del Estado. Salvo que se quieran seguir sumando peajes, de una manera irracional.

Llama la atención el frenesí del actual gobierno en otorgar concesiones, en los últimos meses de su mandato, cuando ello no va enlazado con una estrategia de política económica, ya que su aplicación recién comenzaría a realizarse en el próximo período de gobierno.

En el caso de La Paloma, el plazo de 50 años para una inversión de 25 millones de dólares resalta absolutamente desmesurado. Ningún cálculo serio avala esta propuesta.

Fíjese que estamos hablando de una inversión de medio millón de dólares anuales, que si la comparamos con el sector turístico, no admite la menor confrontación.

Es notorio que la propuesta del inversor privado y las bases de la licitación no están compatibilizadas con el desarrollo turístico.

Obsérvese que estamos hablando de una inversión turística e inmobiliaria de más de 150 millones de dólares, que produce, por parte baja, de 15 a 20 millones de dólares por temporada.

Prácticamente una sola temporada genera ingresos por casi la totalidad de la inversión que generaría un derecho de concesión por medio siglo.

Pero a esta observación del plazo, que se adiciona a la inexistencia de la obligatoriedad del pago de un canon anual, que permitiría una licitación con cierto grado de apertura, ello significa, hoy por hoy, un cuasi otorgamiento con una ficción de licitación, se le agrega otro factor.

La posibilidad de que el consorcio licitante obtenga la llave de toda la zona y del propio desarrollo portuario, con la opción de vender las acciones, quedándose con el beneficio del pasamanos, sin que el Estado obtenga beneficio alguno de la transferencia.

En el pliego de licitación se establece:

 

Artículo III.3: CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

Los accionistas del concesionario sólo podrán transferir sus acciones con la previa autorización de la Administración, la que no podrá ser denegada cuando el nuevo grupo accionista cumpla con similar capacidad técnica y antecedentes que los accionistas originales, así como una situación económico-financiera acorde con los compromisos asumidos.

En caso de prendar las acciones se deberá notificar de tal extremo a la DNH (el subrayado es nuestro).

Traduciendo las bases de la licitación, ello significa que la transferencia «…no podrá ser denegada…» si el nuevo grupo accionista cumple con las mismas condiciones que el actual.

Estamos hipotecando nuestro derecho y transfiriendo a un consorcio privado y extranjero, ¿con socios uruguayos?, el derecho a enajenar la concesión.

Este tema se enlaza con la amplitud desmesurada de 50 años, para tan pequeña inversión, cuando en un período tan dilatado pueden modificarse las variables económicas del país y de la región.

Los días corren y si no hay nuevas prórrogas todo haría pensar que el 1º de marzo se concretaría el otorgamiento de la concesión, con la ficción de licitación y con todos los perjuicios consiguientes, tanto para empresarios turísticos, vecinos y propietarios de viviendas, como para el interés nacional.

Una actitud lógica y de buena administración conduce a la necesidad de generar un consenso político y no a dejarle un caballo de troya al próximo gobierno.

Los próximos días serán de prueba. También para las fuerzas progresistas se plantea el desafío de elaborar una POLITICA DE PUERTOS en su Plan de Gobierno, que apunte a un Sistema Nacional de Puertos, articulando las instituciones involucradas y supla el vacío actual. *